Muy temprano despertó la molestia de la senadora María Soledad Luévano Cantú la crítica que se plasmó en este espacio el pasado martes 16 de abril, acerca de diversas inconsistencias en sus posturas políticas recientes. Sus asesores tuvieron que interrumpir los días de asueto legislativo para revisar apuntes y documentos acerca del debate en la Cámara Alta para la aprobación de la ley que dará amparo a la Guardia Nacional, y así intentar argumentar una defensa.
Agradezco a todos ellos la atención puesta al análisis que desglosé en unos cuántos párrafos y su respuesta ese mismo día. Lamento dos cosas: primero, que la senadora no pueda generar una postura oficial y personal al respecto de lo que se señaló en la anterior columna, y que sean sus asesores-voceros quienes tengan que salir a ofrecer una especie de respuesta.
Y segundo, que su abogado Ernesto González Romo distinga a quien redacta estas líneas como un articulista “metódico e informado” pero publique un texto en redes sociales con contenidos que indican todo lo contrario a los reconocimientos antes otorgados. En esta nueva columna daré puntual réplica a lo expuesto por Ernesto.
En un intento por desvirtuar un debate, que se antojaba constructivo de haber mostrado seriedad de parte de la senadora, Ernesto González Romo resume la cuestión de los recursos necesarios para dar viabilidad a la Guardia Nacional en estados y municipios como una cuestión, en Zacatecas, que corresponde meramente a los impuestos ecológicos, o como él los llama “los impuestos de Tello”.
Pues bien, como se explicó originalmente aquí, los impuestos ecológicos podrían funcionar -o no- como una llave de apalancamiento de recursos locales que solicitará la Federación al estado, con la finalidad de que la estructura administrativa y operativa de la Guardia Nacional despliegue en Zacatecas sus elementos de fuerza.
De la revisión del Diario Oficial de la Federación del pasado 16 de abril del 2019, consta que actualmente subsiste un Convenio de Coordinación entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Zacatecas, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (sic) (FASP) 2019.
En dicho convenio Zacatecas se comprometió a aportar el 25% del total de recursos federales obtenidos para integrar el FASP, con lo que el Gobierno del Estado se obligó a erogar 45 millones de pesos que, sumados a los recursos federales, respaldan un total de 222 millones 657 mil 200 pesos acordados en materia de seguridad dentro del presupuesto 2019.
Por obligación convenida, al menos para la integración de el FASP los impuestos locales sí fueron necesarios. Y el esquema de coordinación y colaboración institucional que dé vida a la Guardia Nacional no será muy distinto, dato que minimizaron los asesores de Soledad.
Esto, por ningún motivo es “información falsa” de “un periódico nacional”. El artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de donde partirán las disposiciones secundarias es muy claro: “… la Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos: 1. Los supuestos para la Coordinación y Colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios;
- Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y municipios, cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de las tareas de seguridad pública de competencia local.”
Efectivamente, aquí se preguntó si cabía la posibilidad de que la senadora modificaría su planteamiento una vez que dependerá de los legisladores otorgar recursos suficientes al estado y la Federación (artículos 96 y 98 de la iniciativa) con la finalidad de poner en marcha el complejo sistema de seguridad ideado en la Guardia Nacional.
Si Soledad gestiona recursos (hipótesis que en la actualidad no tiene sustento real conocido) gana legitimidad para cuestionar el cobro de “impuestos abusivos”. Sin embargo, del único impuesto en donde tendría que modificar su postura radical será en el cobro federalizado de la tenencia que propone la Regeneración Nacional en la Cámara Baja.
¿O acaso Soledad votará con su partido para cobrar la tenencia como un ingreso de la Federación? Ya veremos entonces si la mayor virtud de la senadora es “que nunca traiciona”, como lo acota su asesor Ernesto González. El de la tenencia federalizada fue un tema que, por cierto, el abogado no quiso abordar en la réplica que hizo a este espacio.
Uno más: Soledad tampoco quiso aceptar, a través de Ernesto, que su propuesta del pasado 11 de abril, cuando solicitó al Secretario de Seguridad Pública federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño que la Guardia Nacional tomara el control de las tareas policiales locales, es una falacia que la reforma constitucional desmiente: las corporaciones no desaparecen ni se disuelven, únicamente entran a una nueva etapa de coordinación (que ya existe).
Insisto, como lo afirmé en una publicación anterior, si la senadora pretendía revivir la iniciativa de Ley de Seguridad Interior desarrollada por el presidente Enrique Peña Nieto, que en esencia buscaba la creación de declaratorias de protección a la seguridad interior donde las policías estatales y municipales se veían acotadas por las corporaciones federales y la milicia para asumir el monopolio de la fuerza, ¿por qué no presenta una reserva de ley a la de la Guardia Nacional en ese sentido? Ahí tampoco hubo respuesta.
Del por qué Soledad no se pronunció porque sus compañeros de partido en la LXIII Legislatura del estado no ratificaran a Raúl Brito Berúmen al frente de la Auditoría del Estado, curiosamente no ofrecieron réplica alguna en plena contradicción a su discurso anti-alonsista.
¿Por qué el mutis selectivo senadora/asesor en temas que les incomodan?
#Casualidades: Tremenda bienvenida le ofrece el Gobierno Federal a la fusión empresarial Newmont-GoldCorp en Zacatecas. En próximos días los representantes locales de la minera (ahora con capital estadounidense) habrán de trasladarse a la Ciudad de México para iniciar su primera mesa de negociación con las autoridades del Palacio de Covián y el senador José Narro Céspedes.
El trasfondo: las tensiones en incremento entre los transportistas y ejidatarios de Mazapil con la mina Peñasquito, donde la política de “cero tolerancia” de la transnacional va en serio. Cansados de las constantes excusas ideadas por José Narro y su escudero Felipe Pinedo Hernández, la empresa minera ahora tendrá como intermediaria la Cuarta Transformación.
Probablemente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no conozcan a fondo la trayectoria política del senador, ni cómo ha utilizado a núcleos de ejidatarios para imponer el conflicto y la negocia como formas de subsistencia política.
Pues bien, ahora de puertas abiertas la Federación le hace el trabajo al tamaulipeco, especialista en buscar mesas donde el “estira y afloje” por los millones de dólares son su mayor motivación. Claro, el estilo de vida del senador es muy distinto al de los ejidatarios a quienes dice defender para luego convertir en una jugosa fuente de ingresos.
Según el comunicado que dio a conocer la semana pasada Narro Céspedes, el subsecretario de Gobernación, Zoé Alejandro Robledo Aburto prometió iniciar las rondas de negociación entre el capital transnacional y los ejidatarios en esta semana de pascuas, a petición del representante zacatecano.
El senador sabe perfectamente que cualquier nicho de violencia entre los habitantes de Mazapil y la minera no es favorable incluso para sus propios intereses, pues retrasa el destajo de recursos que los campesinos le otorgarían por “mediar” un conflicto, no una guerra. De ahí que se apresurara a llevar a la federación su retórica desgastada de la defensa del pueblo en beneficio de sus propios intereses.
Twitter: @GabrielConV
Facebook.com/AgendaPolZac
Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
