Las diferencias son sustanciales y hablan por sí mismas del pobre desarrollo institucional de los derechos humanos en Zacatecas. El lunes 10 de junio marcó una fecha trascendental para la agenda de derechos universales en el estado y el país, pues mientras la LXIII Legislatura daba trámite a la elección de la presidencia (o reelección de la actual titular) de la Comisión del Estado de Zacatecas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacía gala de su autonomía en la recomendación 29/2019 contra del Gobierno Federal por la cancelación del programa de Estancias Infantiles.
En voz del primer visitador general del organismo nacional, Ismael Eslava Pérez, la CNDH sentenció la desaparición de los centros de cuidado y atención integral infantil, así como la abrogación de las reglas de operación para la distribución de apoyos económicos a menores de edad, como una medida regresiva en materia de derechos humanos y de “derechos económicos, sociales y culturales de niñas y niños, madres y padres y responsables y trabajadoras de estancias infantiles”.
Al amparo de su autonomía, y en el ejercicio pleno de la misma, la Comisión Nacional revirtió el discurso propagandístico de la Cuarta Transformación. La investigación del órgano nacional documentó, por ejemplo, las inconsistencias en los Censos del Bienestar que dejaron fuera de los padrones de beneficiarios a 6 mil 620 menores de edad. En entredicho, nuevamente, quedó el “Censo” y sus promotores, los delegados de programas sociales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Secretaría del Bienestar, procedieron de forma ilegal al utilizar los recursos de las Estancias Infantiles aprobados por la Cámara de Diputados, y destinarlos a un programa de nueva creación del que no se tenía la evaluación requerida por la SHCP para incluirlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Como resultado, la Secretaría del Bienestar no incluyó ningún mecanismo de supervisión que garantizara que los recursos destinados a menores serían utilizados para servicios de cuidado y atención integral infantil. Además, como medida regresiva, el presupuesto a las Estancias Infantiles fue reducido en un 50%, y atropelló los incrementos que había registrado anualmente.
El diagnóstico presentado por el primer visitador desarticula el discurso predominante del Gobierno Federal, donde lo operante es corrupción y la Cuarta Transformación es la única ruta para recomponer el espectro ético y moral de la sociedad y su gobierno. La autonomía del órgano nacional ejerció, con alcances absolutos, su condición de contrapeso.
En Zacatecas, a contracorriente de la progresividad de los derechos, las y los diputados integrantes de la comisión legislativa de Derechos Humanos mostraron que el conflicto de interés no afecta en lo mínimo a la agenda de la protección de las garantías individuales. Para matizar de legitimidad la Convocatoria que renueva o reelige la presidencia de la Comisión Estatal, el diputado José Juan Mendoza Maldonado debió haberse excusado de participar en el procedimiento.
Abierta una queja en contra del legislador que la CDHEZ debió resolver en el mes de mayo, el Congreso no observó ninguna irregularidad en que José Juan Mendoza fuera a la vez juez y parte de la Convocatoria, desde el trabajo en comisiones. Los grupos parlamentarios no previeron la modificación a la Ley de Derechos Humanos de Zacatecas que sancionara el conflicto de interés con la separación de la o el legislador del procedimiento. La bancada de Morena, que se dice “oposición”, prefirió lanzar candidatos testimoniales al concurso, sabiendo de su desventaja.
El perredista riogense dejó saber hace un par de meses que no acompañaría la reelección de Ma. de la Luz Domíguez Campos. Su voto en contra, teóricamente, no cambiaría. Semanas atrás, cuando el cabildeo de Luz Domínguez para conseguir su reelección arreció en todos los frentes, el acercamiento entre el legislador y la presidenta se cristalizó. Las oficinas de Derechos Humanos se convirtieron en su sede favorita.
En medio del procedimiento de investigación que la CDHEZ realizaba en contra de José Juan Mendoza, la ombudswoman y el diputado abrieron las mesas de negociación. Es previsible que la queja que incomoda al perredista y que estudian en la Comisión, sea uno de los temas que se abordaron para llegar a acuerdos.
El retraso en la investigación a cargo de Luz Domínguez fue premeditado. Y no es novedad. Otra queja en contra del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cumple ocho meses de permanecer en los escritorios de la CDHEZ para no estorbar los intereses del Consejo General. Ahí continuará a la espera de concluir el cabildeo de Luz Domínguez, para quien la política es un elemento limitante en su obligación constitucional.
Con ello, la Comisión Estatal transgrede la Ley de Derechos Humanos de Zacatecas, que en el artículo 29 establece un total de cuatro meses como plazo definido para dar término a las investigaciones que realice. La ombudswoman hace tiempo que claudicó a su autonomía.
Un último elemento que dibuja el panorama de regresión en la agenda institucional de derechos humanos en Zacatecas, es la violación sistemática a los derechos laborales y de libre expresión, junto con el acoso permanente al personal de la CDHEZ. No hay respeto al incremento del salario mínimo, y días de descanso y vacaciones se restringen al máximo. Cotidianamente el personal es etiquetado como “inútiles” y si la información llega a los medios de comunicación, Luz convoca a una “reunión” donde abundan los regaños, a veces al punto de la humillación, y la coerción burocrática.
¿Derechos humanos en Zacatecas? Sí, en ruta regresiva.
#Coincidencias: Desplantes o institucionalidad. Para los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, es más práctico convertirse en verdugos mediáticos de los sujetos obligados que en el órgano garante de transparencia.
El día de ayer, en una lamentable publicación del IZAI en redes sociales, los comisionados llevaron a la plaza pública a la Unidad de Transparencia del Municipio de Río Grande, así como al presidente Julio César Ramírez López por cancelar una capacitación a la que los comisionados esperaban presentarse a inaugurar, no a ofrecerla (faltaba más).
Si bien es cierto que es atribución del IZAI realizar las capacitaciones a las diferentes unidades de transparencia, la cancelación o no de reuniones con fines didácticos no debería derivar en el linchamiento público desde sus cuentas de Twitter y Facebook.
El trabajo institucional se debe de reflejar en la verificación diagnóstica que anualmente realiza el IZAI a todos los sujetos obligados en el estado, y mostrar puntualmente el avance o retroceso de los entes públicos en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información.
Los desplantes mediáticos obedecen más bien al tributo a la persona de los comisionados, con una aspirante permanente a conducir los medios de comunicación. Así lo recuerdan quienes conocieron en su momento la petición de Norma Julieta del Río Venegas a Miguel Alejandro Alonso Reyes para entregarle las riendas de la Coordinación de Comunicación Social, a lo que el ex gobernador prefirió responderle, más tarde, con un espacio en el pleno del IZAI.
Ni Samuel Montoya Álvarez ni Fabiola Gilda Torres Rodríguez han mostrado funcionar como un contrapeso a las decisiones arrebatadas de su colega comisionada, antes bien prefieren asumir la responsabilidad de la conducción errática. Y así seguirán.
Twitter: @GabrielConV
Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
