Como bien saben los amables lectores, la pregunta sobre si México se ha convertido —o está en vías de convertirse— en un narcoestado ha dejado de ser un recurso retórico de la oposición interna para instalarse, con fuerza creciente, en el centro del debate político en Washington.[i] Desde sectores conservadores hasta voces influyentes del liberalismo estadounidense, la conclusión comienza a coincidir: el entramado político-judicial mexicano ha permitido una expansión del crimen organizado que compromete la soberanía del Estado y amenaza la relación bilateral con EUA.
El diagnóstico no surge en el vacío. Como advierte Raymundo Riva Palacio en su columna del 6 de febrero de 2026,[ii] la percepción de que en México se consolida un narcoestado se alimenta tanto de la inacción frente al poder de los cárteles como de la evidencia acumulada de vínculos entre estructuras criminales y actores políticos, particularmente en los gobiernos emanados de Morena.[iii] La novedad no es la existencia de corrupción o colusión —fenómenos históricos en la vida pública mexicana— sino su normalización bajo un régimen con poder prácticamente hegemónico.[iv]
Captura del Estado y ausencia de contrapesos
El actual gobierno cuenta con una concentración de poder inédita en la etapa democrática reciente: mayorías calificadas en el Congreso, control territorial en la mayoría de las gubernaturas y municipios, y una progresiva subordinación o debilitamiento de los organismos autónomos y del Poder Judicial.[v] En este contexto, la idea de que el Estado mexicano carece de capacidad para enfrentar al narcotráfico resulta poco convincente; lo que se observa, más bien, es una falta de voluntad política, condicionada por alianzas locales y regionales que forman parte de los cimientos del poder.
La advertencia de la periodista Mary Beth Sheridan —retomada por Riva Palacio— es clave: el problema no es sólo la violencia de los cárteles contra el Estado, sino la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas, especialmente a nivel local.[vi] Combatir de manera frontal a los cárteles implicaría, en muchos casos, desmantelar redes de poder que sostienen electoralmente al partido gobernante. En ese sentido, la estrategia de «contención» o de mínima confrontación no es una política fallida, sino una política funcional a la estabilidad del régimen.[vii]
El cambio de paradigma en Washington
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha modificado de manera sustantiva el marco de la relación bilateral. México ha dejado de ser visto prioritariamente como socio comercial para convertirse en un riesgo de seguridad nacional. La narrativa del narcotráfico como «narcoterrorismo» —y del fentanilo como una suerte de arma química— ha ganado terreno en círculos influyentes del Partido Republicano y comienza a permear en sectores más amplios de la opinión pública estadounidense.
La relevancia de foros como la CPAC,[viii] de actores con acceso directo a la Casa Blanca y de artículos en medios como The New York Times no debe subestimarse. No se trata sólo de retórica ideológica, sino de la construcción de un consenso que podría justificar medidas extraordinarias, incluyendo acciones unilaterales dentro del territorio mexicano bajo el argumento de la lucha contra organizaciones terroristas transnacionales.
Riesgos para la soberanía y la estabilidad regional
Si México es percibido —de manera sostenida— como un Estado incapaz o renuente a combatir a los cárteles por estar políticamente comprometido con ellos, las consecuencias pueden ser graves. En el corto plazo, se deteriora la cooperación bilateral y se incrementa la presión diplomática. En el mediano plazo, se abre la puerta a sanciones, designaciones más agresivas de grupos terroristas y operaciones encubiertas o abiertas que vulneran la soberanía nacional.
Paradójicamente, el discurso nacionalista del régimen mexicano choca con una realidad incómoda: la erosión interna del Estado es lo que alimenta los argumentos intervencionistas externos.[ix] Un narcoestado no se define sólo por la presencia del crimen organizado, sino por la incapacidad —o negativa— del poder político para someterlo al Estado de derecho.
¿Narcoestado de facto?
Más que una declaración formal, México enfrenta el riesgo de ser considerado un narcoestado de facto: un país donde el crimen organizado no gobierna directamente, pero sí condiciona decisiones clave, controla territorios y forma parte del equilibrio político. Mientras no existan contrapesos efectivos, investigaciones judiciales creíbles y una ruptura clara entre poder político y estructuras criminales, esa percepción seguirá consolidándose.
El problema, como sugiere Riva Palacio, no es sólo interno. En un contexto internacional cada vez más hostil, la tolerancia histórica hacia el narcotráfico puede convertirse en el principal factor de inestabilidad para México, tanto en su vida democrática como en su relación con su socio más importante. La pregunta ya no es si el señalamiento es justo, sino cuánto tiempo más puede sostenerse un régimen que gobierna sin enfrentar el costo de esa acusación.
[i] https://tropicozacatecas.com/2019/10/20/axis-mundi-4t-hacia-un-narco-estado/
[ii] https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2026/02/06/presiones-desde-washington/
[iii] https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/2/5/detienen-al-alcalde-de-tequila-jalisco-por-vinculos-con-el-cjng-extorsion-tequileras-367881.html
[iv] https://www.inep.org/images/2025/TXT/500-corrupcion.pdf
[v] «2025 fue el año de la reconfiguración del Estado en México, advierte Edmundo Jacobo»: https://www.youtube.com/watch?v=I_VCXFz9oQE&t=122
[vi] https://www.nytimes.com/es/2026/02/06/espanol/opinion/mexico-sheinbaum-narco-trump.html
[vii] «La otra parte del crimen sigue intacta»: Héctor de Mauleón: https://www.youtube.com/watch?v=7Mp7G7jmiSg
[viii] https://chequeado.com/el-explicador/que-es-la-cpac-la-conferencia-politica-a-la-que-viaja-javier-milei-para-encontrarse-con-donald-trump/
[ix] https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2023000200301
Carlos Hinojosa*
*Escritor y docente zacatecano
