En la Tribuna del Congreso del Estado y a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, el Diputado local, Carlos Peña Badillo, leyó un Punto de Acuerdo donde se pide a los Diputados Federales que antes de aprobar la nueva Ley de Aguas Nacionales, que limitará su uso y explotación, se escuche a los campesinos y se analicen sus demandas, porque deben saber que en Zacatecas el 45% de los empleos dependen del sector primario, es decir, del campo zacatecano.
Mencionó que en la Ley de Aguas Nacionales, el Ejecutivo propone modificar la certeza jurídica en la renovación de concesiones y la implantación de un radical esquema sancionatorio, lo que ha dado lugar a un debate en el que se cuestiona si esta reforma implica un retroceso que perjudicará la soberanía alimentaría.
Peña Badillo destacó que en Zacatecas se cultivan al año más de un millón de hectáreas de temporal y 160 mil hectáreas de riego, con una producción que vale más de 27 mil millones de pesos, por lo que de aprobar la nueva Ley de Aguas habría afectaciones serias para los campesinos zacatecanos, que ya desde ahora tienen una gran preocupación por las restricciones que implica esa ley que limita la transmisión de los títulos de concesión.
Además de que en el Estado operan alrededor de 8 mil pozos agrícolas, lo que implica un beneficio para 70 mil familias y una contribución al producto Interno Bruto al Estado por el orden de 18 mil millones de pesos.
Por ello, Peña Badillo dijo que la preocupación de las y los productores agrícolas en relación con los alcances de esta iniciativa es justificada, porque además de comprometer su inversión, pudiera repercutir en el desarrollo económico y aunque han expresado su coincidencia con los ejes rectores de esta ley también han advertido las consecuencias inmediatas como la perturbación del bienestar general de los que menos tienen y un ambiente desfavorable entre los que invierten, trabajan y generan riqueza en el campo mexicano.
Mencionó que las preocupaciones de los productores zacatecanos son las restricciones para transmitir los títulos de concesión para el uso de agua entre particulares, el volumen que daría sujeto a la disponibilidad con la que se cuente al momento de presentar el trámite, aplicación retroactiva de la norma, reducción del volumen de la concesión cuando parte de la tecnificación del riego se haga con recursos del Estado.
Así como la reducción por volumen de sobreexplotación o baja del consumo autorizado, limitantes en la gestión local, carga administrativa y corrupción, ausencia de límites de consumo a grandes corporativos, lo que podría implicar pérdida de empleos y graves consecuencias para la economía.
El Diputado local Carlos Peña Badillo consideró que de aprobarse esta nueva ley sería inminente la disminución de la producción de alimentos como frijoles, ajos y chiles secos, así como disminución en la captación de impuestos, por lo que hizo un llamado para que el gobierno escuche a las y los productores.
