Ataques terrestres de EUA en México: cuando la «moral presidencial» sustituye al orden internacional - Axis Mundi

La afirmación de Donald Trump de que «no necesita ninguna ley internacional» para cumplir sus objetivos, y que estos dependen exclusivamente de su propia moralidad, no es una frase retórica menor ni un simple exabrupto.[i] Representa un desplazamiento explícito del marco legal internacional hacia una lógica de poder personalista, donde el Presidente de Estados Unidos se concibe a sí mismo como fuente última de legitimidad.

Este tipo de discurso rompe con tres consensos fundamentales del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial:

La soberanía estatal como principio rector.
La legalidad internacional como límite al uso de la fuerza.
La idea de que incluso las grandes potencias deben construir justificaciones jurídicas para sus intervenciones.[ii]

Trump no intenta justificar legalmente una posible acción militar contra México: declara irrelevante la legalidad. Esto acerca su postura más a doctrinas de fuerza del siglo XIX —o incluso a lógicas imperiales clásicas— que al derecho internacional contemporáneo.

En términos prácticos, lo anterior significa que el precedente venezolano ya no es una anomalía, sino un ensayo:[iii] si el presidente estadounidense se arroga el derecho de decidir unilateralmente quién gobierna, quién es criminal y quién debe ser capturado, México deja de ser un socio y pasa a ser un «espacio operacional» en potencia.

El fentanilo como justificación moral absoluta

Como bien saben los amables lectores, uno de los factores clave detrás de la amenaza de «ataques militares terrestres»[iv] en nuestro territorio es la crisis del fentanilo en Estados Unidos, que Trump y su entorno presentan como una catástrofe nacional equiparable a una guerra.

Las cifras de muertes por sobredosis —decenas de miles cada año, con el fentanilo como principal responsable— han sido elevadas discursivamente al rango de emergencia existencial. En dicho marco:

México es presentado no como un país vecino, sino como la fuente externa del daño.
Los cárteles no son vistos como organizaciones criminales, sino como actores cuasi-terroristas.[v]
La frontera deja de ser una línea diplomática y se convierte en un frente de guerra.

Este encuadre resulta crucial, porque permite a Trump argumentar que la inacción sería inmoral, y que cualquier medio —incluida la intervención militar terrestre— estaría justificado para «salvar vidas estadounidenses».

Sin embargo, este razonamiento omite deliberadamente dos realidades incómodas:

El consumo es interno: la demanda de opioides sintéticos es estadounidense, no mexicana.
Las redes de distribución y lavado operan en ambos lados de la frontera, con complicidades empresariales, financieras y políticas en EUA.[vi]

Aun así, el fentanilo funciona como un argumento moral absoluto, similar al «combate al terrorismo» tras el 11-S: una causa que, en el discurso oficial, anula matices, soberanías y límites legales.

¿Ataques terrestres? El problema no es entrar, sino qué hacer después

Suponiendo que EUA lance operaciones militares terrestres limitadas en México —incursiones, capturas selectivas, eliminación de objetivos de alto valor—, la pregunta clave no es si pueden hacerlo, sino si realmente serviría de algo.

Desde el punto de vista estrictamente militar, Estados Unidos tiene capacidad sobrada para:

Penetrar territorio mexicano.
Neutralizar campamentos o líderes específicos.
Extraer objetivos humanos de alto valor.

El problema es que el narcotráfico no es un fenómeno militar, sino un sistema político-económico incrustado en el Estado mexicano desde hace décadas.[vii]

El verdadero núcleo del problema: la estructura de protección

Los cárteles no sobreviven por su poder de fuego, sino por una infraestructura de protección que incluye:

Policías municipales, estatales y federales.
Ministerios públicos y fiscales que archivan o manipulan casos.
Jueces que liberan delincuentes o dilatan procesos.
Gobernadores, alcaldes y operadores políticos que reciben financiamiento.
Redes empresariales y financieras que lavan capitales.

Sin desmontar esa estructura:

Cada capo capturado siempre es reemplazado.
Cada célula desmantelada se reconfigura.
Cada intervención externa aumenta la fragmentación y la violencia, sin reducir el negocio.

La experiencia mexicana posterior a 2006 es clara: más acción militar no equivale a menos narcotráfico, sino a más caos cuando no se toca la raíz institucional.[viii]

La paradoja estadounidense: golpear cárteles sin tocar al Estado que los sostiene

Aquí emerge una contradicción central: EUA amenaza con intervenir militarmente contra los cárteles, pero no puede —ni quiere— intervenir directamente contra el sistema político-judicial mexicano que los protege.

¿Por qué?

Porque implicaría reconocer de manera oficial —más allá de las bravuconadas del Gran Cheeto en medios aliados como FOX News— que el Estado mexicano está parcialmente capturado, algo diplomáticamente explosivo.[ix]
Porque supondría romper relaciones económicas, comerciales y financieras estratégicas.
Porque abriría la puerta a preguntas incómodas sobre la complicidad histórica de agencias estadounidenses en ciertas dinámicas del narcotráfico.[x]

Así, cualquier operación militar que evite deliberadamente el corazón político del problema está condenada a ser simbólica, propagandística o temporal, no estructural.

¿Y si Trump lo sabe?

Un punto inquietante es que Trump probablemente entiende esta limitación, lo cual abre dos interpretaciones posibles:

Escenario A: intervención como espectáculo de poder

Los ataques terrestres servirían para:

Mostrar decisión y fuerza.
Enviar un mensaje interno a su electorado.
Forzar concesiones políticas del gobierno mexicano.
Justificar políticas más duras de fronteras y seguridad.

En este escenario, la efectividad real contra el narcotráfico resulta secundaria.

Escenario B: presión para reconfigurar el poder en México

Una lectura más dura sugiere que la amenaza militar busca forzar una reconfiguración interna:

Aislar a ciertas élites políticas.
Obligar a cooperaciones selectivas.
Debilitar redes de protección específicas.

No mediante ocupación, sino mediante coerción estratégica, usando el miedo a la intervención como palanca.

Conclusión: uso de la fuerza sin el Estado es violencia circular

La idea de que EUA puede resolver el problema del narcotráfico en México sin tocar la estructura política y judicial que lo sostiene es, en el mejor de los casos, ingenua; en el peor, deliberadamente engañosa.

Las declaraciones de Trump —desprecio por la ley internacional, apelación a su moral personal, uso del fentanilo como causa absoluta— indican una disposición real a usar la fuerza, pero no garantizan una estrategia capaz de producir resultados duraderos.

Como lo demuestra la historia, sin una transformación profunda del Estado mexicano —algo que ninguna potencia extranjera lograría imponer sin consecuencias catastróficas—,[xi] cualquier intervención militar: