En la columna de la semana pasada señalábamos algunas de las principales causas que han provocado el inmenso éxodo de migrantes centroamericanos hacia EUA, del cual estamos presenciando una de sus etapas en las caravanas que en estos días tratan de cruzar nuestro territorio. Asimismo, apuntamos que el deterioro sociopolítico y económico que se padece en América Central es similar, cuando no idéntico, al que padecemos en México. Y así como señalamos a la violencia del narcotráfico y las pandillas como el motor que obliga a la gente a huir de América Central y México, ahora debemos tomar en cuenta otro componente de esta aberrante ecuación.
Como bien lo señaló la gran crítica de arte Raquel Tibol (1923–2015), desde el inicio de la autoproclamada «Guerra contra los Cárteles», en el espacio que tenía Carmen Aristegui con MVS —mismo del que fue despedida por órdenes de la ‘pareja presidencial’—, resultaba más que sospechoso que muchas de las personas asesinadas «en ajustes de cuentas entre narcos» fueran activistas sociales, defensores de ecosistemas y campesinos que se negaban a pasarles sus tierras a compañías transnacionales, afirmación que comprobamos el pasado 26 de octubre de este año, con el asesinato de un activista rarámuri que defendía los bosques de la sierra de Chihuahua, mientras el resto del país permanece distraído con la consulta sobre dónde debería construirse un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Por cierto, este crimen ya nos brindó el dudoso homenaje de ingresar al mega–reportaje que está realizando el insigne diario británico The Guardian, sobre cómo se va exterminando a los defensores de la Tierra en varios países.[i]
Y, retomando el éxodo migrante, la narrativa estándar que nos venden los medios de comunicación suele decir que la dupla del crimen organizado y el narcotráfico es la que ha otorgado a El Salvador, Guatemala y Honduras las tasas de homicidio más altas del mundo, enviando a ciudadanos asustados hacia México y EUA. De hecho, Honduras ocupa el segundo lugar, detrás de Siria, entre los países más peligrosos del mundo, seguido de El Salvador (6), Guatemala (11) y México (23). Tan sólo San Pedro Sula, en Honduras, tiene la tasa de homicidios más alta del planeta. Se trata de una crisis humanitaria y una tragedia regional y, en lo que respecta a las Naciones Unidas, la culpa es de los villanos en turno, como en la Guerra Fría lo fue de la «amenaza comunista».
Pero esto que consideramos como algo por todos conocido pasa por alto dos hechos: tanto México como América Central son áreas ricas en recursos naturales, incluyendo maderas finas (como la caoba) y metales (hierro, plomo, oro, níquel, zinc y plata). No toda la violencia que azota la región está relacionada con el narco y las maras, también tenemos el feminicidio y, como apuntamos, los asesinatos de activistas ambientales, los crímenes políticos y las desapariciones forzadas.
En el núcleo de la violencia, la droga es sólo el pretexto. La influencia del Departamento de Estado estadounidense en este tema es la clave. Es en el seno del sistema de gobierno estadounidense donde nace el impulso de las reformas judicial, energética, fiscal y educativa que se llevan adelante en México. Todo con un propósito de interés capital, en el que el Plan Mérida es el instrumento perfecto para la manipulación social y política del país. El sistema de terror tiene un propósito de destierro, un objetivo para despoblar territorios inmensos, ricos en hidrocarburos, minerales y agua. Existe un antes y un después de las reformas estructurales, como la energética, que hoy permiten la participación de capitales privados y extranjeros en la explotación de los recursos, pero cuya idea existe desde dos décadas anteriores.[ii]
Como podemos ver, la violencia criminal, aunque en apariencia imparable, es sólo parte de un cóctel peligroso que sirve para «limpiar» los lugares donde las comunidades locales defienden su territorio. Como dijo el valiente y malogrado periodista Gary Webb (1955–2004), quien sacó a la luz el papel de la CIA en la venta de cocaína y crack para financiar a la Contra nicaragüense, algo que hemos comentado en columnas pasadas,[iii] «No creo en jodidas teorías de la conspiración. Estoy hablando de una jodida conspiración». Una revisión de los datos a este respecto indica que, en los países ricos en recursos naturales, la concurrencia del desplazamiento forzado con la violencia criminal, misógina y política, no puede ser una coincidencia.
Esta combinación asesina refleja una política de despoblamiento forzado dirigida a poder explotar, de una manera «libre de conflictos», recursos naturales cada vez más valiosos para la economía global moderna, como los minerales utilizados por las nuevas tecnologías y fuentes de energía renovables o limpias. Para ejecutar dicha estrategia, una variedad de personajes armados —incluyendo narcotraficantes y pandilleros, pero también mercenarios, guardias de seguridad y sicarios—, en México y Centroamérica, están vendiendo su experiencia como asesinos a entidades poderosas, desde gobiernos represores hasta corporaciones transnacionales (o ambas, trabajando al alimón).
El filósofo camerunés Achille Mbembe ha llamado a este fenómeno Gobierno Privado Indirecto.[iv] Esta «necropolítica» —la política de la muerte— es el núcleo violento de lo que el erudito Bobby Banerjee define como necrocapitalismo, es decir, muertes con fines de lucro.[v] ¿Por qué negociar con las comunidades indígenas pobres asentadas sobre petróleo, agua, madera y minerales, si pueden ser expulsadas de sus tierras por fuerzas criminales, políticas y misóginas que operan en las sombras?
Casi todos los países latinoamericanos que enfrentan altos niveles de homicidio poseen maderas, metales e hidrocarburos preciosos y son, precisamente, en tales áreas donde coinciden el desplazamiento forzado, la represión política, la violencia criminal y de género. Por ejemplo, en Honduras, los patrones de desplazamiento indican que la violencia criminal no es el único factor del éxodo. Según un informe de 2016 del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, el número de personas desplazadas aumentó casi un 600%, de 29,000 a 174,000 entre 2014 y 2015, en un periodo cuando los índices de homicidios disminuyeron. El citado informe no ahonda en esta paradoja, sólo sugiere que el incremento puede estar relacionado con el empeoramiento de las condiciones económicas.
Sin embargo, puede plantearse que la represión cada vez más violenta del activismo ambiental, y no la violencia criminal, fue la principal fuerza de desplazamiento durante ese lapso. Entre 2010 y 2014, más de 100 activistas ambientales hondureños fueron asesinados. Para 2014, el país estaba presenciando manifestaciones masivas contra la actividad empresarial en Río Blanco, el mismo que era defendido por la activista Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016.[vi]
Honduras es un país rico en recursos naturales, con un 41.5% de su territorio cubierto por bosques tropicales. No obstante, es el tercer país más pobre del continente americano, condición que ha empeorado desde el golpe de Estado de 2009. Los hondureños en condiciones de pobreza viven en zonas rurales donde las actividades agrícolas, madereras y pecuarias no sustentables han creado una crisis ambiental. La deforestación generalizada, la erosión y el deterioro ecológico han dejado estas comunidades a merced de los desastres naturales. Por ende, agricultores y grupos indígenas se están organizando en contra de los intereses corporativos que depredan sus selvas, razón por la cual son asesinados y desplazados.
Aunque gran parte de la violencia criminal en Honduras tiene lugar en ciudades como San Pedro Sula, los crímenes también se concentran en áreas rurales supuestamente protegidas, donde ocurren actividades ilegales de minería y tala de árboles. La biosfera del Río Plátano, una de las tres principales reservas ecológicas del país, y el distrito de La Ceiba, cerca de la zona de conservación de Pico Bonito, padecen la presencia de pandillas y cárteles, además, se hallan entre las áreas que envían el mayor número de niños refugiados a Estados Unidos. De hecho, el gobierno es un socio en esta explotación ilícita de recursos naturales: según un informe de Global Witness, entre 2006 y 2007, el Estado hondureño pagó más de un millón de dólares a los traficantes de madera.[vii]
Por otra parte, es un error considerar la violencia contra las mujeres como un acto privado y apolítico. Debemos considerar que las mujeres, con frecuencia, se encuentran en la primera línea del activismo ambiental porque es necesario que se opongan a las actividades que resultan perjudiciales para sus hijos, hogares y comunidades. Aunque no hay datos sobre el número exacto de asesinatos en este rubro, los peligros necropolíticos a los que se enfrentan las mujeres son suficientes para merecer la atención de las redes de ecologistas femeninas.
En 2015, Honduras tenía la tasa de feminicidio más alta del mundo. El caso más famoso es el de la citada dirigente indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, a los 44 años de edad. En sus últimos días, Cáceres recibió mensajes de texto y llamadas advirtiéndole que abandonara su lucha contra la construcción de la presa de Agua Zarca, además, ya había tenido un altercado con empleados de una compañía de energía hondureña, Desarrollos Energéticos S.A. Finalmente, fue asesinada a tiros en su casa.
En este sentido, el feminicidio también ha florecido en los estados más ricos en hidrocarburos de esquisto[viii] en México. Tenemos el caso de Josefina Reyes Salazar, quien se convirtió en un icono, aunque su muerte permanece envuelta en el misterio.[ix] Activista por los derechos de las mujeres y del medio ambiente en el Valle de Juárez, Salazar fue asesinada en 2010 junto con otros miembros de su familia, porque se oponían a la militarización de su pueblo, que está ubicado en una zona rica en gas de esquisto.
Según un informe, de los 287,000 mexicanos desplazados por la violencia y los 91,000 movilizados por desastres naturales, la mayoría se encuentran en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Más allá de sus altos niveles de violencia relacionada con las drogas, todas esas entidades son ricas en minerales, recursos para obtener energías renovables e hidrocarburos de esquisto.
Un número significativo de las desapariciones forzadas y asesinatos, en los que están involucrados tanto el ejército como las bandas criminales, han tenido lugar en una zona geográfica ubicada sobre una importante fuente de gas de esquisto de Texas, conocida como Cuenca Eagle Ford. Como es de esperarse, dicha área también se encuentra bajo el dominio del crimen organizado, desde el Cártel de Juárez, que logró colocar durante bastante tiempo a Ciudad Juárez como la urbe más violenta del mundo, hasta los Zetas, responsables de miles de las más de 30,000 desapariciones forzadas en México, y el Cártel del Golfo, cuyos líderes fueron protegidos por varios gobernadores estatales.
Cabe mencionar que el controvertido fracking es el método que debe emplearse para extraer los hidrocarburos de esquisto, con un costo medioambiental enorme, ya que requiere de 7.6 a 15 millones de litros de agua por extracción, además de utilizar sustancias químicas contaminantes que dañan para siempre los mantos freáticos, y, por si fuera poco, existe una relación directa entre el uso del fracking y el aumento de la actividad sísmica, como se ha documentado ampliamente.[x]
A este escenario, debemos sumar que, según un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mayoría de las personas desplazadas en México son agricultores de comunidades con economías autosuficientes, activistas medioambientales y de derechos humanos, propietarios de pequeñas empresas, funcionarios del gobierno local y periodistas. Esto tiene sentido ya que tales grupos demográficos representan una amenaza específica a los intereses capitalistas de las industrias extractivas, ya sea a través de la resistencia (activistas, funcionarios públicos respetuosos de la ley, agricultores) o la exhibición de conductas criminales en ese ámbito (periodistas).
De esta forma, mientras que los grupos del crimen organizado y la violencia relacionada con las drogas son los principales problemas sociales de América Latina, la sociedad debe comenzar a comprender toda la gama de estrategias de desplazamiento de poblaciones y genocidio en América Central y México. Llegó el tiempo de cuestionar las versiones «oficiales» de los gobiernos y los medios de comunicación masiva, respecto a la violencia que padecemos en nuestro país y Centroamérica, examinando el papel de las corporaciones transnacionales, las élites políticas locales y las oligarquías económicas en el origen de las enormes oleadas de migrantes y la «administración» de la muerte en la región.
[i] https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/26/latest-land-defender-cements-mexicos-deadly-reputation
[ii] Óscar Castelnovo, “México: entrevista con Ignacio ‘Nacho’ Alvarado, periodista especializado en
violencia”, Red Eco Alternativo (3 de marzo de 2016), http://www.redeco.com.ar/masvoces/entrevistas/18173-mexico-entrevista-con-ignacio-nacho-alvarado-periodista-especializado-en-violencia, citado en Oswaldo Zavala, Los cárteles no existen, México, Malpaso Ediciones, 2018.
[iii] Un recuento sobresaliente y valeroso de toda esta criminal conspiración puede apreciarse en el interesante filme Kill the messenger (2014), de Michael Cuesta. Respecto a la guerra de los Contras contra el gobierno sandinista, el interesante director británico Ken Loach abordó dicho tema en su cinta de 1996, Carla’s Song, sobre el romance entre una exiliada nicaragüense y un conductor de autobuses escocés.
[iv] https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-gobierno-privado-indirecto.pdf
[v] https://www.youtube.com/watch?v=lGu0l2nmTJY
[vi] https://www.theguardian.com/membership/2018/aug/09/defenders-activists-earth-risking-lives-protect-environment
[vii] https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/tala_ilegal_rio_platano_final_es_low_res.pdf
[viii] Este tipo de petróleo está contenido en depósitos de rocas que deben ser taladradas y extraídas de forma sólida a la superficie, a diferencia del crudo que generalmente se encuentra en forma de fluido. Una vez que se extrae la roca pasará por procesos como pirólisis, hidrogenación, o disolución térmica, para remover químicamente la materia orgánica de la piedra, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cual-es-la-diferencia-entre-el-crudo-y-el-esquisto-20170109-0085.html
[ix] http://cosecharoja.org/mexico-los-reyes-salazar-una-familia-exterminada-por-defender-los-derechos-humanos/
[x] https://elpais.com/elpais/2017/01/26/ciencia/1485435956_353026.html
Carlos Hinojosa*
*Escritor y docente zacatecano
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