ZACATECAS. El gobierno del estado brindó su respaldo a los municipios mineros zacatecanos que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la desaparición del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, conocido como Fondo Minero.
Este año se distribuyen 3 mil 705.3 millones de pesos del Fondo Minero para los estados que cuentan con esta actividad, recursos que son dirigidos a proyectos de infraestructura; sin embargo, los 718 millones de pesos que corresponden a Zacatecas se perderían y el Gobierno de México los ejercería según sus determinaciones.
Por este motivo, los alcaldes de Villanueva, Miguel Ángel Torres Rosales; de Morelos, Eduardo Duque Torres; y de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga; fueron acompañados por Jehú Eduhí Salas Dávila, secretario general de Gobierno, para respaldar las controversias.
Los quejosos señalan que la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019, por primera ocasión desde 2014, deja fuera a los municipios y estados de la participación de los recursos del Fondo Minero, pese al derecho constitucional que tienen de beneficiarse de esas contribuciones especiales.
Al respecto, el gobernador Alejandro Tello Cristerna manifestó que apoya la acción legal emprendida por alcaldes de seis municipios de tradición minera, e informó que, por su parte, buscará la concertación sobre la distribución de ese recurso en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Explicó que se hará eso en el entendido de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado sensibilidad y apertura en esa mesa de diálogo y acuerdos.
De acuerdo con la controversia, los Municipios argumentan que el llamado Fondo Minero se constituye de los derechos especiales sobre minería que impone la Ley Federal de Derechos, con el fin de retribuirle a las zonas mineras la riqueza extraída de sus tierras, a través de infraestructura pública, remediación ambiental y otros elementos de interés comunitario.
Por lo que, desde 2014, año del nacimiento del gravamen que se cobra a la industria minera, y hasta 2018, la Federación recaudaba el recurso, lo ponía en la bolsa de un fideicomiso y, al año siguiente, los municipios y estados mineros participaban de esa bolsa en términos de la Ley Federal de Derechos.
En números redondos, a la Federación le correspondía 10 por ciento del fondo, a los Estados 20 por ciento y a los Municipios, 70 por ciento, a los cuales se les descontaban los gastos de operación y financieros, que eran de 2.5 por ciento del total de la bolsa.
Sin embargo, en la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019 se modificó la forma de operación del Fondo Minero, dejando fuera a los Municipios y a los Estados de la participación de los recursos.
Es decir, la Federación pretende asignar el recurso de forma directa, lo que invade competencias constitucionales de Municipios y Estados, ya que el artículo 73 de la Constitución Federal dice que éstos tienen derecho a participar de las contribuciones especiales como, en este caso, lo correspondiente a minería.
Los quejosos relatan que cada año, al participar de la bolsa, se presentaban proyectos que eran votados en un Comité Técnico conformado por representantes de la Federación, Estados, Municipios y las empresas mineras, en el que todos tenían voz.
Además, los proyectos presentados por los Municipios atendían a las necesidades más cercanas de la gente, referentes a infraestructura social con la construcción de escuelas, clínicas, hospitales, carreteras, alumbrado público, entre otros.
De acuerdo con la controversia, los Municipios mineros zacatecanos piden, por tanto, a las instancias federales que respeten la Constitución y a los ayuntamientos del país, ya que son “el gobierno más cercano a la gente y, por tanto, el dinero que contribuyen las empresas por sus actividades en ciertas zonas del país debe ser aprovechado por las comunidades afectadas por esa industria”.
Redacción / Tropicozacatecas.com
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