Algo no cuadra en la respuesta que ofreció Rigoberto Martínez López, Presidente del Comisariado Ejidal de Cedros, Mazapil, a la columna que publicamos aquí el pasado martes 18 de junio, titulada “José Narro traicionó a los ejidatarios de Cedros”.
A través del debido ejercicio del derecho de réplica, La Jornada Zacatecasdifundió el documento del representante legal del ejido. Sin embargo, su contenido es parecido a la columna que publicó Miguel Ángel Reyes, el pasado 13 de junio en el portal Las Noticias Ya, en contra del periodista Andrés Vera Díaz, propietario de PerióMetro.
La narrativa coincide con la propaganda que acostumbra a divulgar el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, y no representa nítidamente el lenguaje cotidiano de Rigoberto Martínez. En la respuesta, el Comisario Ejidal confirma que en todo momento hubo una petición real de dinero para disolver el bloqueo, incluso desde las mesas de diálogo que encabezó el exsubsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto.
Fue ante la ausencia de voluntad de Peñasquito de pagar uno de los “adeudos pendientes para con nosotros”, que la Asamblea Ejidal del pasado 29 de abril mantuvo la negativa para abrir los accesos de la mina que anteriormente José Narro había apalabrado con el subsecretario.
Como “representante” de CAVA, accionista en la misma empresa, el Comisario Ejidal vio por el bien de Ascensión Carrillo López y por el suyo, no por el bien colectivo de Cedros. Las demandas por justicia y restauración ambiental quedaron en segundo plano.
En su texto, Rigoberto Martínez demuestra que o desconoce o no ha leído detenidamente el acuerdo firmado por las partes, pues de los 19 puntos de una especie de pliego petitorio, todos están sometidos a una “revisión”.
Si su asesor Narro Céspedes no le advirtió la diferencia entre “revisar” y obligar a las partes a llegar a un acuerdo, lo más probable es que rompan nuevamente con la mina en cuestión de semanas o días.
A ello se suma un elemento que cobra relevancia en este contexto. Entre el domingo y lunes pasados, el Comisario Ejidal difundió un poderoso mensaje en sus redes sociales. En el texto se aprecia lo siguiente: “Malditos aquellos que con si (sic) voca (sic) defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.
Horas antes, los ejidatarios que bloqueaban los accesos de la mina Peñasquito, se vieron casi obligados a disolver el paro, debido a que -como se dijo en una entrega anterior- la decisión ya había sido tomada en la Ciudad de México por el senador José Narro Céspedes y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Empero, el acuerdo todavía se sujetaba de un hilo delgado. Si no llegaba la transferencia monetaria de Peñasquito por 57 millones de pesos a la empresa Construcciones Industriales y Transportistas CAVA S.A. de C.V., aludiendo aquel “adeudo anterior”, Chon Carillo hubiera mantenido la negativa a disolver el bloqueo esa misma tarde como lo manifestó públicamente. El acuerdo, sin respaldo legal, no se lo impedía.
La asamblea del sábado antes del mediodía tenía carácter ficticio. A mano alzada, los ejidatarios dieron el visto bueno a un documento que a la fecha carece de validez jurídica, simple y sencillamente porque no plasmó su firma el único representante legal facultado para ello: el presidente del comisariado Rigoberto Martínez López.
En su lugar aparecen las rúbricas del senador José Narro Céspedes, su empleado Felipe de Jesús Pinedo Hernández, y el empresario jalisciense Jorge Alberto Díaz de Sandi Chávez.
La aparición de Díaz de Sandi dentro del conflicto con Peñasquito es reciente. Accionista mayoritario y administrador único de la empresa Distribuidora de Desechables JAM S.A. de C.V., incorporada en Guadalajara, Jalisco; hasta el 2017, de acuerdo con información de medios locales de comunicación en aquel estado, también era gerente en Destiladora González González, específicamente en el área de producción de agave.
Díaz de Sandi no es especialista ni tiene conocimientos específicos sobre conflictos sociales en el ámbito minero, de extracción mineral, o de los derechos de los pueblos. ¿Por qué el empresario fue enrolado por Narro Céspedes y Pinedo Hernández como “asesor” de los ejidatarios de Cedros? La pregunta podría llevarnos a las fuentes de financiamiento del bloqueo.
Independientemente de esa hipótesis, la presencia de un empresario jalisciense en el apartado de rúbricas en un acuerdo de índole federal, y no así la firma del presidente del ejido, nos habla de las disparidades internas en el mismo grupo de inconformes y sus “asesores”.
En la división también se encuentran ejidatarios que mantienen contacto con este espacio, y que expresaron su descontento con el acuerdo que alcanzaron sus “asesores” en la Ciudad de México sin antes consultar a los inconformes de Mazapil.
Otros más han preferido asistir con el periodista Andrés Vera Díaz para pedirle, a cambio de una contraprestación monetaria, que además de apoyar su lucha con algún comentario en Facebook, pudiera replicar a este espacio para contradecir los argumentos vertidos.
Ante la negativa del periodista para realizar lo mismo por lo que fue señalado en un texto de Miguel Angel Reyes semanas atrás (en una demostración de total incongruencia pues ahora no le reprochan, sino que le piden que escriba en respaldo a su “lucha”) los ejidatarios tuvieron que recurrir a La Jornada Zacatecas para difundir la supuesta versión de Rigoberto López con todas las inconsistencias que aquí se han apuntado.
Así, el discurso de la “prensa lacaya de la mina” se viene abajo con los audios que Andrés Vera difundió ayer a través de PerióMetro, lo mismo que a través de la página en Facebook Agenda Política por quien redacta estas líneas, donde un ejidatario realiza esta peculiar petición.
Poco a poco, la simulación de los “luchadores sociales” descubre su rostro real.
#Casualidades: Vista en retrospectiva, la decisión del cabildo de cancelar el contrato de arrendamiento de luminarias para el municipio de Zacatecas, que la exalcaldesa y recién estrenada directora del COBAEZ, Judit Magdalena Guerrero López, había heredado a Ulises Mejía Haro, fue acertada.
El cambio en el cobro de cuotas al pasar de un esquema proporcional a uno homologado, puesto que el alumbrado público es un derecho colectivo, pudo haber modificado los ingresos del municipio para utilizar el Derecho del Alumbrado Público como garantía de pago a la cuestionada empresa regiomontana CELSOL S.A.P.I. de C.V. por el arrendamiento de lámparas.
Ese hubiera sido un argumento interesante escuchar en voz de los regidores que se hacen pasar por “oposición monrealista” en un gobierno municipal del mismo partido. Pero desconocen a fondo ambos temas.
Antes bien prefirieron contradecir su voto en Comisiones a favor del dictamen, por otro en contra en el Cabildo, donde se planteó modificar la fórmula de cobro del alumbrado público, por mandato de la Suprema Corte de Justicia.
Ruth Calderón Babún estaba más ocupada en hacer caso a una funcionaria municipal (emparentada con una comisionada del IZAI) quien aseguró, erróneamente, que este articulista trabajaba en el ayuntamiento capitalino. La revisión minuciosa de la nómina que maneja Lourdes Delgadillo Dávilaobligó a ambas funcionarias a retirar sus acusaciones infundadas.
Aunque existen indicios puntuales que llevan a pensar que la misma funcionaria estaría involucrada en la filtración de facturas de publicidad institucional del Ayuntamiento, emitidas por medios “contrarios” al monrealismo para evidenciarlas en páginas apócrifas de Facebook.
Un asunto que debería investigar de oficio el contralor municipal José Francisco Rivera Ortiz.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Anallista político
