Escabullirse del conflicto y de los costos políticos que se adquieren al mostrar independencia y autonomía en su faena diaria como ombudsperson, es una constante en el trabajo de Ma. de la Luz Domínguez Campos.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas desde hace un par de años permanece fuera de los reflectores y lejos de la comunidad LGBTTTIQ, en un tema que abre un nuevo episodio de la vida social en nuestro país: los “matrimonios” entre personas del mismo sexo.
La nueva construcción socio cultural podrá ser un tema reciente en la vida pública de Zacatecas, sin embargo, la lucha por el reconocimiento a las identidades distintas y la adquisición de los beneficios de la institución del matrimonio data de hace una década cuando las primeras tesis aisladas abrieron el camino a la jurisprudencia que hoy obliga al legislador local a hacer valer la ley.
No es un tema de convicciones ni de la intervención al estado laico desde el clero secular, que es el debate público del que tampoco han sabido desprenderse en la trinchera LGBTTTIQ. Es un tema de estado de derecho y de imparcialidad de las instituciones del Estado.
Es justo en ese espacio y en esa lectura de la realidad, una vez dimitidos los esfuerzos por insistir en el debate de las convicciones, donde la comunidad homosexual debería de enfocar su lucha por el derecho al matrimonio que finalmente reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014.
Hasta ahora, a los colectivos organizados LGBTTTIQ les resulta prioritaria la conquista cultural, no la conquista legal -donde llevan un buen trecho aventajado. Probablemente sea el contexto social de Zacatecas donde las buenas costumbres y las prácticas conservadoras dominan el tejido de las relaciones interpersonales.
Si bien esa pugna por el reconocimiento social y cultural es paralela a la defensa legal de sus derechos (y les llevará mucho más tiempo), no debería de ser el detonante de sus esfuerzos colectivos. Y justo en esa confusión es donde pierden de vista el papel que, si quisiera, jugaría la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en el conflicto.
El antecedente es inmediato. Durante el 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como órgano interventor de las garantías individuales, promovió una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Civil del estado de Nuevo León que impedía -como el de Zacatecas- la extensión del matrimonio y concubinato a personas del mismo sexo.
Ratificando el sentido de la jurisprudencia 46/2015 “Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, en febrero de ese año, los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León, mismos que limitaban los derechos reclamados por la comunidad LGBTTTIQ.
La sentencia debió de ser del conocimiento de la ombudspersona Luz Domínguez Campos, pues provenía de la acción de inconstitucionalidad de la CNDH. Sin que ésta mediara en los criterios que conducen su titularidad al frente del órgano garante de los derechos humanos, Luz Domínguez prefirió dedicar su tiempo y sus tareas a construir las condiciones políticas que le permitieran su reelección en el pleno legislativo, la cual se consumó hace un par de semanas.
Así ha obviado buena cantidad de denuncias y quejas radicadas en las distintas visitadurías de la CDHEZ, con la finalidad de evitar cualquier confrontación con las instituciones de gobierno (centralizadas y descentralizadas) y los órganos autónomos, que obstaculizaran su ruta crítica para encabezar un nuevo periodo al frente de la comisión estatal.
En este espacio ya habíamos mencionado dos quejas (una en contra del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, otra en contra del Poder Legislativo) las cuales superaron el periodo legal para que la investigación de las visitadurías llegase ya sea a un resultado o a una recomendación. No son las únicas que se mantienen empolvadas en los escritorios de la CDHEZ, y tampoco serán las únicas a las que daremos seguimiento.
Ambas quejas se realizaron en lo individual, situación que deja en desventaja y al vaivén de los intereses, a las personas que acudieron a la CDHEZ a promover la restauración del daño en su contra. No así en el caso del grupo LGBTTTIQ, que debería de utilizar la organización colectiva para exigir la intervención inmediata de Luz Domínguez como promovente de una acción de inconstitucionalidad de tal magnitud.
La titular de la CDHEZ llegaría muy tarde a formar parte activa y corresponsable en un conflicto legal donde los derechos humanos son el centro del debate, pero esto abriría la oportunidad irreversible para que la LXIII Legislatura acate la norma por encima de los intereses políticos y de gremio de los grupos conservadores, donde el dogma, por hoy, no supera a la ley.
#Casualidades: Resultó más vivo que “fifí” el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, Manuel Cavazos Melo. No era para menos. Especialista en estructura y diseño del marketing político, consultor en ByPower Group, el mexiquense conoce el valor de las percepciones políticas y su uso en el ámbito de la opinión pública.
Su pantalla de “junior” podrá esconder la forma en cómo sistematiza sus conocimientos de política, sin embargo, en sus decisiones demuestra que no existe asomo de improvisación. Tiene claridad en su lectura de la administración pública y las relaciones de poder locales y nacionales.
De ahí la premura y la oportunidad conque atajó las acusaciones del médico cirujano Armando Rosales Torres, secretario general del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social (SNLTSS), y con la misma fuerza del ataque reconvino -pruebas en mano- la situación laboral sensible en la que se encuentra el cabecilla sindical.
Ochenta pases de salida tan sólo durante el 2018, setenta y dos en lo que van de este 2019, con los que Torres Rosales justifica un horario de trabajo efectivo de entre una y cuatro horas al día, según convenga a su agenda personal. Negligencias médicas, ausencias constantes en sus consultas y un pasado beligerante, marcan la trayectoria del cirujano y sindicalista.
El flujo de información y un diagnóstico del conflicto no han tardado en llegar a las oficinas del director del IMSS, Zoé Robledo Aburto. Los probables motivos de la queja de Armando Rosales, así como una lista de actores políticos que podrían estar detrás de la escenificación sindical con el objetivo de remover al delegado, también estuvieron presentes en la tarjeta informativa.
Desde su arribo a Zacatecas, Cavazos Melo vivió la resistencia de los Delegados de Programas Sociales para impedir los 32 nombramientos en los estados. Una sacudida más no le quita el sueño, y en cambio le ofrece pistas de los inconformes.
En apenas unos días ha logrado un pronunciamiento del Consejo Consultivo de la Delegación del IMSS en Zacatecas. Con ello hace gala de la convocatoria que ha consensuado desde su arribo, y de cómo mantiene los hilos institucionales del orden en la delegación. Sabe bien cómo se juega este juego.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
