Los legisladores de Morena en la LXIII Legislatura rompieron el silencio cómplice. Después del disimulo y la abyección con las que permitieron que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos procesara una convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la fracción monrealista ha hecho patente su descontento por permitirle el paso a Ma. de la Luz Domínguez Campos.
Durante el cabildeo para elegir al perfil que ocuparía la titularidad de la CDHEZ, entre rumores, los de Morena dejaron conocer su postura en contra de la reelección de la ombudswoman. Aseguraron, a través de trascendidos, que su perfil contendiente era el Doctor en Derecho, Ángel Dávila Escareño. Nunca repararon en la convocatoria, y así otorgaron legitimidad a un proceso de selección viciado de origen.
Precisamente la tarea de los de Morena era señalar el conflicto de interés evidente por el que atravesaba su colega de acuerdos, el perredista José Juan Mendoza Maldonado, al ser objeto de una investigación dentro de la CDHEZ por distintos señalamientos, al tiempo que encabezaba los trabajos de la convocatoria para elegir a un nuevo titular del órgano autónomo de Derechos Humanos, o ratificar por un segundo periodo a Luz Domínguez.
Prevaleció el clima de acuerdos y los de Morena nunca se atrevieron a señalar a su compañero de “oposición”. Hoy, con la negativa de los legisladores para aprobar las reformas al Código Civil del Estado de Zacatecas que abran la puerta al matrimonio igualitario, Héctor Adrián Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada reclaman lo que en su momento prefirieron callar por disciplina.
“Chuy” Padilla, que disfrutó sus últimos días como coordinador de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, no tuvo ni el consenso ni la argucia para defender la calidad de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presentó junto con su compañero fresnillense, y así exhortar a la ombudswoman a pronunciarse públicamente sobre los matrimonios igualitarios.
Durante su primer mandato al frente de la CDHEZ, Ma. de la Luz Domínguez Campos nunca formuló una postura oficial al respecto. Sus reuniones con los colectivos LGBTTTIQ en el mes de noviembre del 2018, además de considerarlas una pérdida de tiempo puesto que consideraba existían temas de mayor urgencia, no fructificaron en algún acuerdo sólido entre las partes. Desde esas fechas la ombudswoman cuidaba su camino a la reelección.
De ahí la relevancia en que el punto de acuerdo fuera tratado de manera urgente, durante la última sesión ordinaria del segundo periodo legislativo. Sin los votos de la mayoría de los legisladores que calculan un tema de derechos humanos como un elemento detonante en contra de sus probabilidades de “reelección” -pues restan los sufragios católicos de sus distritos- únicamente cinco o seis diputados son quienes manipulan la narrativa de la lucha pro-LGBTTTIQ.
Esa manipulación en la cancha política, con matices de la próxima elección en el 2021, los llevó a sostener acusaciones en contra de la supuesta intervención de actores ajenos a la Legislatura, sin presentar las pruebas de cada uno de los señalamientos. Una táctica que les es bien conocida.
Sin embargo, no pudieron ahondar en el por qué el exhorto que leyó Héctor Menchaca en tribuna no pudo ser votado ese mismo día en el pleno. Tampoco especificaron que la única finalidad del punto de acuerdo era comprometer a Luz Domínguez a que solicitara a la Legislatura aprobar las reformas al Código Civil del estado.
En términos llanos: pedían a la titular de la CDHEZ que le exigiera a la LXIII Legislatura hacer su trabajo. ¿Qué garantías le ofrecían a la comunidad LGBTTTIQ con un punto de acuerdo sin objetivos vinculantes? Ninguna. Únicamente utilizaron la bandera del matrimonio igualitario para agregar elementos del discurso de la oposición contra del Gobierno del Estado y contra la propia ombudswoman (que ellos reeligieron).
En el colmo de los cinismos, José Juan Mendoza Maldonado aseguró que le “avergonzaba” participar en un colectivo dictaminador “que no hizo nada, que no aprobó nada, que no definió nada”. La desvergüenza, en cambio, fue notoria cuando negoció las condiciones de la reelección de Luz Domínguez en el órgano legislativo de Derechos Humanos que el diputado preside, a cambio de que las pesquisas en su contra en la CDHEZ fueran mero trámite.
Los colectivos LGBTTTIQ se encuentran empantanados en una lucha de intereses legislativos que, como ya hemos conocido, permean individualismo y la pesca de recursos monetarios para sus bolsillos. Esa influencia de los intereses de pocos ya los llevó a la provocación y los enfrentamientos verbales y, en algunos casos, físicos.
En breve tendrán que replantear su estrategia para desligarse de las agendas de partido y continuar con la lucha legítima en la Suprema Corte de Justicia y con las manifestaciones pacíficas. De mantener la rijosidad los conservadores justificarán sus prejuicios ante la opinión pública; ahí donde tampoco aventajan.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
