El asesinato de una subdirectora y las lesiones sufridas por integrantes de una comunidad educativa exhiben los límites de una respuesta pública que corre el riesgo de concentrarse en las redes sociales y los programas de sensibilización, sin demostrar todavía que cuenta con un sistema eficaz para prevenir la violencia.
Como bien saben los amables lectores, hay tragedias que interrumpen la vida normal de una comunidad. Y hay otras que, además, obligan a preguntarse si las instituciones encargadas de protegerla comprenden realmente el problema al que se enfrentan.
El ataque ocurrido el 1 de octubre de 2026 en la Escuela Secundaria número 13 del ejido La Unión en Torreón, Coahuila, pertenece a esta segunda categoría. Dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, protagonizaron una agresión que terminó con la vida de la subdirectora y dejó a varias personas heridas. Las autoridades estatales detuvieron a los presuntos responsables y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias y motivaciones de los hechos. La información inicial apunta a un acto deliberado contra la institución, aunque las explicaciones definitivas deben sustentarse en los resultados de la investigación.
La muerte de una trabajadora de la educación y la violencia ejercida contra una comunidad escolar bastarían para justificar una revisión profunda de los mecanismos de prevención y protección. Sin embargo, la reacción federal abre una interrogante adicional: ¿se halla el Estado construyendo una política integral de prevención o está respondiendo a la tragedia mediante las herramientas que resultan más visibles, mediáticas y políticamente inmediatas?
La pregunta no es menor. Cuando la violencia irrumpe en una escuela, la respuesta gubernamental no puede medirse por el número de comunicados, campañas o disposiciones que se anuncien después. Debe medirse por la capacidad institucional para comprender los riesgos, atenderlos oportunamente y reducir la probabilidad de que una tragedia semejante vuelva a ocurrir.
El sospechoso habitual: internet
Tras los hechos de Torreón, el gobierno federal anunció la preparación de medidas dirigidas a las plataformas digitales para combatir contenidos que promuevan la violencia, el odio o el acoso. La iniciativa involucra a dependencias de seguridad y transformación digital, así como la participación prevista de especialistas y académicos. El propósito declarado es intervenir en los entornos digitales que pueden favorecer la difusión de conductas violentas.
El problema no consiste en reconocer que internet puede convertirse en un espacio de propagación de discursos de odio, hostigamiento y modelos de violencia. Esa preocupación es legítima y merece atención. El problema aparece cuando una hipótesis relevante amenaza con convertirse en una explicación total.
Las redes sociales no son un universo separado de la sociedad: son espacios donde se reproducen, amplifican y transforman conflictos que también existen fuera de las pantallas. Pueden facilitar la circulación de mensajes intimidatorios, la admiración por agresores y la formación de comunidades que normalizan el odio. Pero de ello no se desprende que la exposición a contenidos violentos conduzca inevitablemente a cometer actos de dicha naturaleza, ni que retirar determinadas publicaciones baste para prevenirlos.
Entre el contenido que una persona consume y la conducta que finalmente adopta existe una cadena de circunstancias personales, familiares, sociales e institucionales que no puede darse por explicada de antemano: confundir un posible factor de riesgo con una explicación suficiente del fenómeno es sustituir la investigación por una simplificación.
Y esa simplificación puede resultar costosa. Si la respuesta pública se concentra en lo que circula por internet, corre el riesgo de relegar preguntas igualmente importantes: qué situaciones de riesgo pueden identificarse en una comunidad escolar, qué recursos existen para atenderlas, qué ocurre cuando una familia solicita ayuda, qué mecanismos permiten comunicar una amenaza y qué capacidad real tienen las instituciones para actuar coordinadamente.
Regular contenidos digitales puede formar parte de una política de prevención, mas no equivale a tener una política de prevención.
La diferencia entre solucionar un problema y anunciar que se le combate
En la administración pública existe una distinción fundamental entre las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Una institución puede distribuir millones de materiales, organizar cientos de talleres y capacitar a miles de personas sin que esas cifras, por sí solas, demuestren una reducción del problema que pretende resolver.
La educación y la prevención de la violencia no son excepciones: el gobierno de Claudia Sheinbaum puso en marcha, en 2026, la estrategia nacional «El ABC de las Emociones», orientada a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años. Según la Presidencia y la Secretaría de Educación Pública, contempla actividades semanales, materiales para estudiantes, docentes y familias, acciones comunitarias y medidas para fortalecer el bienestar socioemocional y la detección oportuna de situaciones que requieran apoyo.
En principio, reconocer la importancia de la salud mental y de la convivencia escolar constituye un avance necesario. Enseñar a los jóvenes a identificar sus emociones, resolver conflictos, pedir ayuda y reconocer situaciones de violencia puede contribuir a construir entornos más seguros.
Pero una política pública no se vuelve eficaz por el hecho de perseguir un objetivo deseable. El punto crítico es que «El ABC de las Emociones» se encuentra en una fase demasiado reciente como para declarar demostrado su fracaso. La estrategia nacional comenzó a desplegarse en el ciclo escolar 2026-2027 y no sería riguroso atribuirle, a partir del caso de Torreón, una ineficacia que todavía no ha sido evaluada.
Esta precisión, sin embargo, no exime a las autoridades de una obligación elemental: explicar cómo medirán sus resultados: ¿Cuántas situaciones de riesgo se detectan oportunamente? ¿Cuánto tiempo transcurre entre una alerta y la intervención correspondiente? ¿Qué proporción de los estudiantes que requieren atención recibe efectivamente apoyo? ¿Cómo evoluciona la convivencia en los planteles? ¿Disminuyen las agresiones y las amenazas? ¿Existen evaluaciones independientes que permitan distinguir los resultados reales de las expectativas institucionales?
Estas son las preguntas que deberían acompañar a cualquier anuncio de prevención: distribuir una guía no equivale a detectar una amenaza; celebrar una sesión sobre emociones no garantiza que un estudiante en crisis encuentre ayuda profesional; capacitar a un docente tampoco asegura que existan los recursos y protocolos necesarios para intervenir cuando identifica una situación preocupante.
La prevención comienza con una intención, pero sólo puede acreditarse mediante resultados verificables.
El riesgo de convertir la educación emocional en una respuesta universal
El problema de los programas socioemocionales no reside necesariamente en sus contenidos, sino en las expectativas que se depositan en ellos: la violencia escolar tiene múltiples manifestaciones y no todas obedecen a las mismas causas. El acoso entre estudiantes, la violencia familiar, las amenazas contra docentes, la discriminación, las agresiones vinculadas con conflictos comunitarios y los ataques deliberados contra una institución requieren respuestas distintas, aunque puedan compartir algunos factores de riesgo.
Por eso, una estrategia educativa general no puede sustituir los mecanismos especializados de atención. La educación emocional puede ayudar a desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Pero no reemplaza la atención psicológica oportuna, la intervención frente a amenazas concretas, la investigación de conductas violentas ni la coordinación con los servicios de salud y las autoridades competentes.
Tampoco sería razonable esperar que los maestros, por sí solos, detecten y resuelvan cualquier situación de riesgo. Su cercanía con los estudiantes puede convertirlos en actores importantes de la prevención, pero necesitan formación, tiempo, canales de comunicación, orientación profesional y protocolos que definan qué hacer cuando una alerta supera sus atribuciones.
De otro modo, se corre el riesgo de trasladar a las escuelas una responsabilidad que corresponde a un conjunto mucho más amplio de instituciones.
Una hora semanal de actividades socioemocionales puede ser una pieza útil. Lo que no puede ser es la coartada para posponer la construcción de un sistema integral de prevención.
La prevención no consiste en vigilarlo todo
La propuesta de intervenir sobre los contenidos digitales plantea, además, un dilema que el gobierno no debería eludir: cómo proteger a los menores sin convertir la prevención en un sistema indiscriminado de vigilancia o censura.
Las autoridades deberán establecer criterios transparentes para distinguir entre expresiones ofensivas, contenidos que promueven conductas dañinas, amenazas concretas y señales que justifican una intervención preventiva. También tendrán que explicar qué obligaciones se exigirán a las plataformas, cómo se revisarán sus decisiones y qué mecanismos permitirán impugnar medidas arbitrarias.
No se trata de asumir que cualquier regulación es censura, ni de considerar que todo contenido violento debe permanecer disponible. Se trata de reconocer que las políticas de seguridad digital también necesitan límites, controles y mecanismos de rendición de cuentas.
La prevención pierde legitimidad cuando sus criterios son imprecisos. Y pierde eficacia cuando se concentra en retirar contenidos sin desarrollar capacidades para atender los riesgos reales.
La pregunta relevante no es únicamente qué publicaciones deben eliminarse. Es cómo se identificará una amenaza creíble, quién evaluará el riesgo, qué institución responderá y qué garantías protegerán los derechos de las personas involucradas. Una política seria debería responder a estas preguntas antes de presentar la regulación como solución.
Torreón no autoriza conclusiones fáciles; exige preguntas difíciles
Hay que evitar otra simplificación: suponer que toda tragedia escolar demuestra una falla previa de los protocolos. Con la información pública disponible no puede afirmarse que las autoridades educativas conocieran anticipadamente los planes de los presuntos agresores, que existiera una advertencia desatendida o que una intervención determinada hubiera impedido necesariamente el ataque.
Pero la ausencia de pruebas sobre una falla específica tampoco justifica la inacción.
Lo que corresponde es investigar de manera rigurosa las circunstancias del caso, reconstruir los acontecimientos, establecer si existieron señales previas identificables y evaluar el funcionamiento de los mecanismos de prevención y respuesta.
Una investigación de esta naturaleza debería responder, entre otras cuestiones, si hubo advertencias, si alguien las comunicó, si existían antecedentes relevantes conocidos por las instituciones y si los protocolos disponibles eran adecuados para las circunstancias. También debería identificar qué conclusiones pueden extraerse del caso y cuáles no pueden generalizarse.
La diferencia entre una reacción institucional responsable y una respuesta meramente declarativa está en la disposición a someter los procedimientos a escrutinio, incluso cuando los resultados revelen deficiencias.
No es necesario atribuir culpas antes de conocer los hechos. Sí es indispensable exigir que los hechos se investiguen y que las conclusiones se traduzcan en medidas concretas.
La lección pendiente para Zacatecas
Lo ocurrido en Torreón no es solamente un asunto de Coahuila. Es un recordatorio para las autoridades educativas de todo el país, incluidas las de Zacatecas, de que la seguridad escolar no puede depender exclusivamente de campañas de sensibilización ni de medidas reactivas adoptadas después de una tragedia.
La discusión debería comenzar por un diagnóstico público de las capacidades existentes: personal de orientación y apoyo psicológico disponible, mecanismos de reporte, tiempos de atención, protocolos ante amenazas, coordinación con los servicios de salud, formación docente y participación de las familias.
También debería examinar las diferencias entre los planteles: una escuela urbana con acceso a servicios especializados enfrenta condiciones distintas de las de una comunidad rural con recursos limitados. Diseñar una política uniforme sin considerar esas diferencias puede producir programas formalmente iguales, pero con capacidades de respuesta muy desiguales.
Zacatecas necesita evaluar no sólo qué programas federales se implementan, sino cómo funcionan en sus escuelas, qué recursos requieren y qué resultados producen. Eso supone publicar información agregada que permita conocer avances y dificultades sin exponer la identidad ni la privacidad de los estudiantes.
La prevención debe ser verificable, territorialmente pertinente y sostenida en el tiempo. De lo contrario, cada tragedia corre el riesgo de generar una nueva campaña, mientras los problemas estructurales permanecen sin una respuesta suficiente.
Menos propaganda de prevención, más prevención demostrable
El ataque de Torreón plantea un desafío que no se resolverá con una sola regulación, un manual escolar o una campaña nacional. Tampoco sería sensato descartar de antemano las herramientas digitales o los programas socioemocionales: ambos pueden contribuir a una estrategia más amplia si se diseñan, aplican y evalúan adecuadamente.
Lo que debe cuestionarse es la tendencia a presentar cada nueva intervención como si su anuncio constituyera, por sí mismo, evidencia de que el Estado está respondiendo de manera suficiente.
Una política pública madura no promete que una guía resolverá la violencia. Explica qué problema pretende atender, con qué recursos, mediante qué mecanismos, bajo qué indicadores y con qué procedimientos de evaluación. Reconoce sus límites y modifica sus estrategias cuando los resultados no corresponden con las expectativas.
Después de Torreón, el gobierno federal tiene la oportunidad de demostrar que su respuesta va más allá de la gestión de la indignación pública. Para hacerlo, deberá articular la prevención digital con la atención psicológica, los protocolos escolares, la participación familiar, la formación docente y la capacidad de respuesta institucional. Y deberá establecer mecanismos transparentes para evaluar cada componente.
La pregunta no es si «El ABC de las Emociones» debe continuar o si las plataformas digitales deben asumir responsabilidades. La pregunta es cómo conseguir que esas medidas formen parte de un sistema capaz de identificar riesgos, ofrecer ayuda oportuna y proteger a las comunidades educativas.
La diferencia es sustancial. Una cosa es anunciar que se combate la violencia; otra, construir las condiciones para prevenirla. La verdadera prueba de una política pública no es la contundencia de su discurso después de una tragedia, sino su capacidad para demostrar, antes de la siguiente, que ha aprendido algo de ella.
Fuentes consultadas:
- Milenio: cobertura del ataque en Torreón, https://www.milenio.com/policia/ataque-secundaria-torreon-1-octubre-noticias-vivo
- Reuters: reporte inicial del ataque y las investigaciones, https://www.reuters.com/world/americas/vice-principal-killed-attack-school-mexicos-coahuila-state-2026-10-01/
- Presidencia de México: presentación de El ABC de las Emociones, https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-encabeza-arranque-de-la-estrategia-nacional-de-atencion-a-la-salud-mental-para-las-y-los-jovenes-el-abc-de-las-emociones?idiom=es
- SEP: objetivos y materiales de El ABC de las Emociones, https://abcdelasemociones.sep.gob.mx/
- El País: cobertura de la respuesta federal sobre los contenidos digitales, https://elpais.com/mexico/2026-10-02/el-gobierno-se-vuelca-en-un-programa-contra-el-digital-que-fomente-odio-tras-el-ataque-en-una-escuela-en-coahuila.html
Carlos Hinojosa*
*Escritor y docente zacatecano
