Como bien saben los amables lectores, hay imágenes que una sociedad puede contemplar y, aun así, no comprender inmediatamente su verdadera dimensión. Un diente de leche pertenece a esa categoría: es pequeño, casi insignificante. Una pieza que normalmente asociamos con la infancia, con la visita al dentista, con la sonrisa de un niño, con una fotografía familiar. Pero cuando cientos o miles de piezas dentales infantiles aparecen entre tierra, restos óseos y evidencias de una posible incineración clandestina, ese pequeño objeto adquiere una dimensión completamente distinta.
De pronto deja de ser un diente, se convierte en una pregunta: ¿Quién era ese niño?, ¿dónde están sus padres?, ¿cómo llegó hasta allí?, ¿qué ocurrió?, y, sobre todo, ¿por qué nadie lo estaba buscando?
Estas son algunas de las preguntas que ha colocado en el centro del debate nacional el reporte de un colectivo de madres buscadoras encabezado por Margarita López, fundadora de Buscando Cuerpos en Todo México, quien asegura que durante trabajos realizados desde 2021 en un predio de Zacapu, Michoacán, fueron recuperadas aproximadamente 1,600 piezas dentales que el colectivo identifica como dientes de leche.[i]
El caso es estremecedor. Pero precisamente por su gravedad exige algo más que indignación: exige investigación científica, identificación forense, transparencia institucional y respuestas. Porque todavía hay preguntas fundamentales que no han sido contestadas.
Un descubrimiento que comenzó entre la tierra
De acuerdo con el relato de Margarita López difundido por diversos medios, el colectivo llegó al lugar después de detectar humo y posteriormente localizó lo que describen como un posible crematorio clandestino. Durante las labores de búsqueda aparecieron restos humanos y, entre ellos, una pequeña pieza dental que habría sido identificada como un diente infantil.
A partir de entonces, las buscadoras modificaron sus métodos de cribado para recuperar fragmentos y objetos mucho más pequeños. El colectivo sostiene que, desde aquel primer hallazgo hasta el 22 de septiembre de 2026, acumuló aproximadamente 1,600 dientes de leche. La cifra es extraordinaria.
Pero hay que entender exactamente qué significa y qué no significa. No existe, hasta ahora, una identificación oficial pública que establezca cuántas víctimas representan, sus edades, su identidad o las circunstancias de sus muertes. Diversos medios que han cubierto el caso han señalado precisamente esta ausencia de confirmación pericial, lo cual no disminuye la gravedad del hallazgo, al contrario, la vuelve todavía más urgente.
Porque si las piezas corresponden efectivamente a menores y fueron recuperadas en un sitio donde también existen indicios de restos humanos y posible incineración clandestina, el Estado tiene la obligación de establecer científicamente su origen y determinar si existe una relación con personas desaparecidas.
La respuesta institucional abre otra pregunta
El aspecto más desconcertante del caso es que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha declarado que «no cuenta con registro del hallazgo de las piezas dentales atribuidas a menores en Zacapu». Aquí aparece una contradicción que debe resolverse mediante documentos, peritajes y expedientes, no mediante declaraciones políticas.[ii]
Por un lado está el testimonio de las buscadoras, quienes aseguran haber trabajado durante años en el lugar. Por otro, la autoridad estatal afirma que no tiene registro de ese hallazgo. Entre ambas versiones existe un vacío, y ese vacío necesita ser investigado. La pregunta elemental es: ¿qué ocurrió con las evidencias recuperadas por las buscadoras?, ¿fueron entregadas?, ¿fueron registradas?, ¿existe cadena de custodia?, ¿intervino alguna autoridad federal?, ¿se realizaron estudios odontológicos, antropológicos o genéticos?, ¿se documentó oficialmente el sitio?, ¿existe una carpeta de investigación?, ¿se determinó si los restos corresponden a una o varias personas?
Estas son preguntas técnicas, no partidistas. Y justamente por eso deberían estar por encima de cualquier disputa política.
Lo que todavía no puede afirmarse
Una de las mayores dificultades del caso consiste en separar los hechos comprobados de las hipótesis. Margarita López ha planteado la posibilidad de que las víctimas infantiles pudieran estar relacionadas con delitos como explotación sexual, tráfico de órganos o pornografía infantil. Esa posibilidad es gravísima, pero por ahora constituye una hipótesis que tendría que ser investigada y demostrada, no una conclusión.
La ciencia forense debería responder tales interrogantes, Y precisamente ahí está una de las mayores responsabilidades de las instituciones. Porque cuando una madre buscadora encuentra una evidencia de semejante magnitud, el siguiente paso no puede ser simplemente discutir públicamente si el hallazgo existe: tiene que ser preservarlo, documentarlo, analizarlo e identificar a las posibles víctimas.
El México de las fosas
Todos sabemos, a excepción del régimen morenista y sus fanáticos, que el caso de Zacapu no aparece en un vacío: México lleva años enfrentando una crisis de desapariciones, fosas clandestinas y familias que realizan labores de búsqueda ante la insuficiencia o lentitud de las instituciones. Las madres buscadoras se han convertido, por necesidad, en una especie de red civil de localización de personas desaparecidas.[iii]
Y esa realidad contiene una paradoja profundamente dolorosa: en un Estado moderno, debería ser la capacidad institucional —policías, fiscalías, antropólogos forenses, peritos, investigadores y laboratorios especializados— la que permitiera encontrar e identificar a las víctimas. En México, demasiadas veces son las propias familias quienes terminan recorriendo terrenos, excavando, cribando tierra y aprendiendo técnicas forenses para buscar a sus seres queridos.[iv]
No debería ser así, porque ninguna madre debería verse obligada a convertirse en arqueóloga de la muerte para encontrar a su hijo.
Los 1,600 dientes como símbolo
Quizá sea precisamente por eso que la imagen de los dientes resulte tan poderosa: un cuerpo puede desaparecer, puede ser quemado, enterrado, fragmentado, ocultado. Pero incluso después de semejante destrucción pueden quedar pequeñas evidencias. Un diente, un fragmento de hueso, una pieza diminuta que sobrevivió a aquello que intentó borrar una vida.
Los dientes humanos poseen características particularmente útiles para la identificación forense: en determinadas circunstancias pueden proporcionar información anatómica, odontológica e incluso material genético. Por eso, si el colectivo efectivamente recuperó alrededor de 1,600 piezas dentales infantiles, cada una debería ser tratada como una potencial evidencia.
No como una cifra para una discusión partidista, no como munición para las redes sociales ni como un dato que pueda ser descartado porque resulta políticamente incómodo.
La política no puede sepultar a las víctimas
El caso ocurre además en un momento de creciente discusión sobre los límites de la expresión política en internet. Durante septiembre de 2026, legisladores de Morena han planteado iniciativas y propuestas relacionadas con contenidos digitales, memes, cuentas automatizadas y difusión de determinados materiales. Una propuesta legislativa de Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila, por ejemplo, plantea una comisión para investigar contenidos digitales y posibles campañas de desinformación e injerencia en redes sociales.
También se ha informado sobre una iniciativa del diputado Armando Corona Arvizu relacionada con representaciones digitales manipuladas mediante tecnologías de edición o inteligencia artificial, mientras distintos sectores han expresado preocupación por sus posibles efectos sobre la sátira y la crítica política.
El INE, por su parte, ha confirmado que recibió una queja presentada por Morena contra publicaciones difundidas en X, Facebook e Instagram y que su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral inició actuaciones preliminares.[v]
Todo esto pertenece a un debate en apariencia legítimo —y complejo— sobre libertad de expresión, desinformación, derechos de autor, propaganda política y responsabilidad en internet. Pero hay una frontera que debería resultar evidente: La discusión sobre memes no puede desplazar la discusión sobre desaparecidos.
La regulación de las plataformas puede debatirse en el Congreso, las denuncias electorales pueden seguir su cauce institucional, los partidos pueden defenderse, los opositores pueden criticar, los ciudadanos pueden satirizar… Pero mientras todo eso sucede, existen familias que siguen buscando personas desaparecidas.
Y si en Zacapu se recuperaron aproximadamente 1,600 piezas dentales infantiles, la prioridad debería ser descubrir quiénes fueron esas posibles víctimas.
Una advertencia que viene de Berkeley
El contexto de libertad de expresión tampoco puede analizarse únicamente a partir de las disputas actuales. El Human Rights Center de la Universidad de California, en Berkeley, publicó el 24 de septiembre de 2026 una investigación titulada «Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico», dedicada al periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.[vi]
El proyecto identificó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados durante ese periodo: 78 periodistas y 259 personas defensoras. También documentó casos de vigilancia, hostigamiento, estigmatización y procesos abusivos, al tiempo que analizó el uso de Pegasus y otras herramientas de vigilancia.
Es importante precisar que estas cifras corresponden al periodo 2018-2024 y a la metodología de esa investigación, por lo que no describen por sí mismas la situación actual de 2026. Pero sí constituyen un antecedente que merece atención: una democracia saludable necesita periodistas que puedan investigar, defensores que puedan denunciar, familias que puedan buscar. Y necesita instituciones que puedan ser cuestionadas.
El verdadero escándalo sería que nadie investigara
Hay algo que debería quedar fuera de cualquier disputa partidista: Si el hallazgo es «falso», las autoridades deben demostrarlo mediante evidencia; si es verdadero, deben investigarlo hasta sus últimas consecuencias; si existen errores en la identificación de las piezas, deben corregirse; si hubo omisiones institucionales, deben explicarse; si hubo delitos, deben perseguirse. Y si existen víctimas, deben ser identificadas.
La peor respuesta posible sería convertir el caso en otra batalla de propaganda, porque las posibles víctimas no pertenecen a ningún partido: No son de Morena, no son del PAN ni del PRI, no son de ningún colectivo político. Son —si los peritajes confirman el origen de los restos— personas que alguna vez tuvieron una familia, un nombre, una historia y alguien que las esperaba.
Una obligación moral y científica
Por eso, el hallazgo de Zacapu debería conducir a una investigación con participación de especialistas en antropología y odontología forenses, genética, arqueología y criminalística, con protocolos transparentes de preservación y cadena de custodia. Las preguntas deberían ser concretas: ¿Cuántas piezas fueron recuperadas realmente?, ¿son efectivamente dientes deciduos —los llamados dientes de leche—?, ¿a cuántos individuos podrían corresponder?, ¿qué rango de edad presentan?, ¿existen otros restos humanos asociados?, ¿es posible obtener ADN?, ¿hay coincidencias con personas desaparecidas?, ¿quién era propietario o responsable del predio?, ¿qué ocurrió allí?, ¿desde cuándo?, ¿qué autoridades conocieron previamente el sitio?
Y una pregunta todavía más dolorosa: ¿Hay familias que llevan años buscando precisamente a esos niños?
La digna rabia
Las madres buscadoras hablan con frecuencia de una rabia que no nace del odio, sino del amor. Es la rabia de quien no acepta que una persona pueda desaparecer sin dejar rastro. La rabia de quien continúa buscando cuando las instituciones han agotado —o parecen haber agotado— sus esfuerzos. La rabia de una madre que se niega a aceptar que la ausencia de su hijo se convierta en una estadística.
Pero esa rabia necesita convertirse en evidencia, en expedientes, identificaciones, órdenes de investigación, en condenas cuando corresponda, en nombres, en restos entregados dignamente a sus familias. Porque encontrar huesos no es el final de la búsqueda: Es apenas el comienzo de la verdad.
Y si las aproximadamente 1,600 piezas dentales recuperadas en Zacapu terminan demostrando, mediante la ciencia forense, que pertenecieron a menores víctimas del crimen organizado que utilizó aquel lugar para desaparecer cuerpos, México estaría ante uno de los hallazgos más perturbadores de su historia reciente.
Pero incluso antes de conocer esa respuesta definitiva, existe una certeza mucho más sencilla: cada una de esas pequeñas piezas merece ser investigada, porque detrás de un diente de leche hubo una boca, hubo un niño. Y detrás de ese niño, alguien que seguramente lo amaba y todavía lo está esperando.
Eso es lo que México no puede permitir que vuelva a desaparecer.
[i] https://gammadigital.uia.ac.cr/madres-buscadoras-encuentran-mas-de-1-600-dientes-y-restos-oseos-en-mexico/
[ii] https://www.debate.com.mx/policiacas/fiscalia-de-michoacan-niega-hallazgo-de-dientes-de-ninos-en-fosa-de-zacapu-20260925-0047.html
[iii] https://www.youtube.com/watch?v=HT6CDzPkA-s&pp=ugUHEgVlcy1NWA%3D%3D
[iv] https://prensa.ibero.mx/es-MX/nota/presunto-hallazgo-de-1-600-dientes-de-leche-en-michoacan-revive-alerta-del-pdh-ibero-por-vacios-en-registro-de-fosas
[v] https://www.informador.mx/mexico/reforma-digital-motiva-advertencias-por-posible-censura-en-internet-20260924-0026.html
[vi] https://politica.expansion.mx/mexico/2026/09/25/informe-de-berkeley-expone-persecucion-sexenio-de-amlo
Carlos Hinojosa*
*Escritor y docente zacatecano
