Dos nuevos partidos políticos estatales en Zacatecas inician su vida electoral en medio de vicios inocultables. PAZ para Desarrollar Zacatecas, de Ignacio Fraire Zúñiga, y La Familia Primero, de Eduardo Fernando Noyola Núñez (ex consejero del IEEZ), no resisten, al día de hoy, cualquier prueba de ácido que pretenda librarlos de conflictos de interés manifiestos.
Y es que la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 13 de abril, otorgó a la elección local un ambiente de inequidad. La decisión de amparar a La Familia Primero para no presentar candidaturas va en sentido contrario a los fines constitucionales que los partidos políticos están obligados a perseguir, y a los esfuerzos que todos los partidos realizaron este fin de semana al entregar la lista de sus aspirantes.
¿Consiguieron apoyos ciudadanos para formar un partido y no pudieron postular candidatos de entre sus simpatizantes? Simplemente, no es lógico. Pero el problema tiene su raíz en el Instituto Electoral, que hace prevalecer intereses personales sobre la vida pública de Zacatecas.
Dijimos aquí el pasado 3 de abril (IEEZ, ¿confiable?) que el consejero presidente, José Virgilio Rivera Delgadillo, descuidó el principio de máxima publicidad, al presentar, por única ocasión (marzo-abril de 2017), el informe de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos sobre el seguimiento a las asambleas distritales y municipales de las asociaciones civiles que buscaron alcanzar su registro como partidos locales.
¿Qué contenía ese informe? Al menos la cantidad de asambleas y los avances de las mismas que las asociaciones civiles realizaron, de manera mensual, con la finalidad de acreditar una base de militantes que les permitiera amortiguar su registro local. ¿Qué no contenía ese informe? Datos acerca de la actividad de los consejeros dentro de las asambleas. ¿Por qué no lo contenía? Por convenir así a sus intereses.
Resulta que el Consejo General, de acuerdo con la Ley Orgánica del IEEZ, en su artículo 23, Fracción III, y el artículo 31, Fracción VI, está facultado para atender y resolver las solicitudes y consultas que requieran los ciudadanos, resguardándose en un marco institucional dentro de los trabajos de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos; especialmente en el caso de la constitución de nuevos partidos políticos locales.
Sin embargo, y contrario a la legalidad, los consejeros, sin estar investidos de fe pública en materia electoral (únicamente tiene esta facultad la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, así como los funcionarios que el secretario ejecutivo del IEEZ designe para dicha tarea), se apersonaban a las asambleas distritales y municipales a “dar seguimiento” a las actividades del personal del instituto, cuidar a sus aliados, estorbar a sus contrincantes y, de paso, gastar viáticos.
Virgilio Rivera no previó que para poder limitar los conflictos de interés que poco a poco fueron manifestándose, los consejeros deberían haber deliberado sólo en su esfera de atribuciones: la Comisión de Organización. En el caso de PAZ para Desarrollar Zacatecas, fue el mismo Nacho Fraire quien aseguró a este columnista en septiembre pasado, vía telefónica, que agradecía todo el apoyo y la asesorías que había recibido su asociación civil por parte de la consejera Adelaida Ávalos Acosta para alcanzar su registro local.
¿De qué tipo de atenciones hablaba? De acuerdo con quienes conocieron el intríngulis, en su momento, Adelaida giró instrucciones al área administrativa para realizar una fiscalización “permisiva y flexible” al partido de Fraire, que en distintos informes financieros no entregó, por ejemplo, contratos de comodato de renta de vehículos, informes del patrimonio del partido ni facturas de los gastos erogados en sus asambleas.
De las observaciones que realizaron los enlaces fiscalizadores, Ávalos Acosta exigió que en la Comisión de Administración se presentaran los documentos con los que se notificaban a Nacho Fraire distintas irregularidades, con la finalidad de tener conocimiento previo de las mismas.
Todo ello después de que el IEEZ desmantelara la Unidad Técnica de Fiscalización y calificara los informes financieros con un par de funcionarios del OPLE, en vez de permitir al Instituto Nacional Electoral realizar la evaluación de los dineros, pues, de acuerdo con la última reforma electoral, el INE tiene plena facultad para hacerlo.
Lo mismo en el caso de La Familia Primero, cuyos miembros no sólo en el colmo de la obviedad llevaron a Eduardo Noyola Ramírez (ex priísta y padre del ex consejero Eduardo Noyola) a reindir protesta como representante de ese partido ante el Consejo General. Luego éste fue suplido por Mauricio Javier Vázquez, quien durante el proceso electoral 2015-2016 ocupó una cartera administrativa dentro del IEEZ, por gestiones de Eduardo Noyola Núñez.
El partido de la comunidad cristiana, como asociación civil, no presentó informes financieros de sus gastos en todo 2017 (Noyola Núñez ocupaba entonces un asiento en el Consejo General), sino hasta septiembre. ¿Qué los motivó a no transparentar sus finanzas? ¿Qué otras “atenciones” y “asesorías” ofrecieron Noyola y Adelaida a estos partidos? ¿De las mismas, qué ingresos o beneficios recibieron?
El Consejo General del IEEZ, desde un principio, no garantizó las condiciones de equidad en la competencia electoral, y consta en los acuerdos de la autoridad que las consultas de estos dos partidos nunca fueron procesadas por la vía institucional. Todo se condujo vía “asesorías” personalizadas, generando sendos conflictos de interés.
#Casualidades: Esta historia apenas comienza a sudar sus primeras inconsistencias. ¿Y todos los partidos representados en el Consejo General por qué no se han pronunciado al respecto? La Sala Monterrey no les hizo un favor.
Twitter: @GabrielConV
Gabriel Contreras Velázquez*
Analista político*
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