La lucha entre “súper-delegados” y secretarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, se ha distendido de manera interesante. En juego está el control real de la administración pública federal. Las recientes reformas a la misma Ley Orgánica abrieron el terreno para ambos ejércitos.
El primer avance ofensivo lo encabezó el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño. Sin consultar con los “empoderados” territoriales del presidente, el encargado de la estrategia civil de combate a la inseguridad impuso a sus secretarios técnicos en los estados.
En Zacatecas, el nombramiento llegó a la oficina de Fraccionamientos Urbanos de la Secretaría de Vivienda (SEDUVOT), donde hasta el pasado 19 de diciembre despachó Oswaldo Cerrillo Garza. La Delegada de Programas de Desarrollo en el estado, Verónica del Carmen Díaz Robles conoció de la decisión hasta ratificado el traspaso.
Durazo Montaño aprovechó el movimiento táctico del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de jalonear con los gobernadores de los estados para borrar del mapa de seguridad a los súper delegados. A cambio recibieron recortes presupuestales.
Por encima de lo dispuesto por el artículo 17 Bis de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Alfonso Durazo fue el primer secretario de gabinete que nombró a sus titulares en los estados sin que la designación se sometiera a la propuesta de los “súper-delegados”.
Andrés Manuel dio el visto bueno. El presidente hizo prevalecer el transitorio Décimo Segundo de las reformas, donde se establece que 180 días posteriores de entradas en vigor las modificaciones legales, los titulares de las dependencias y entidades enviarían sus propuestas “para mantener oficinas de representación” en los estados.
Todo ello “en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía o de las necesidades derivadas del ejercicio de sus atribuciones”. ¿Qué significa esto? Que en manos de las y los secretarios quedaría la redefinición del mapa de la Administración Pública Federal.
El gabinete de López Obrador entregará un diagnóstico específico acerca de cuántas representaciones (antes delegaciones federales) subsistirán en cada estado. Zacatecas, de acuerdo con quienes conocen del escenario nacional, sería uno de las entidades más afectados en el recorte de dependencias locales.
Un segundo ejemplo lo ofreció la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. A través del Coordinador de Asesores, el Dr. Marcos Santiago Ávalos Bracho, las delegaciones estatales conocieron la instrucción precisa de no entregar ninguna oficina a los “súper-delegados” y enviar su renuncia a la Ciudad de México.
Peor aún. La Secretaría de Economía estaría generando un documento donde, apegada al proyecto de austeridad del presidente, probablemente deje sin representación local a más de la mitad de los estados, entre ellos Zacatecas. Una oficina menos para saciar la sed de los pedigüeños que buscan a Verónica Díaz.
Así, paulatinamente, las “súper-delegaciones” comienzan a ver cómo el presidente diluye el poder que antes presentaban con bombo y platillo. Los sacaron del esquema de seguridad pública, recortaron la lista de programas sociales que presumieron manipular, y los encerraron en un Censo de Bienestar que debían mantener inicialmente con sus propios recursos.
Su obligación hoy es concluir -a la brevedad- con el levantamiento de encuestas en hogares, enviar la información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (así lo dispusieron las reformas de ley) para conformar un padrón único nacional, distribuir las tarjetas de apoyos sociales por única ocasión, y vigilar que los beneficiaros reciban las transferencias electrónicas bancarias.
Tendrán relativa injerencia en los programas del 3×1 para migrantes, apoyos a madres solteras, discapacitados y personas adultas mayores. La Secretaría de Bienestar se convirtió entonces en un espejismo, con un poder acotado, y donde el único que brillará será el presidente, el gran mecenas de las familias en situación de pobreza.
Al cercenar a los intermediarios en la repartición de apoyos federales, los beneficiarios de programas sociales no tendrán que asistir a eventos donde se esperaban placear los delegados, presidentes municipales, diputados y senadores. El único tumulto que deberán tolerar es el de las filas de los cajeros automáticos donde dispondrán del dinero que les envía el presidente, y nadie más.
En Morena no han entendido que el proyecto no se llama Cuarta Transformación, su nombre real es Andrés Manuel López Obrador, y como se ha insistido en esta columna: todo lo demás es sacrificable.
Después de construir un holograma de poder, en los hechos los “súper-delegados” han quedado a merced del ahora poderoso gabinete federal. Ante el cambio inesperado, Verónica Díaz ya alude a un periodo de gracia para nombrar a los titulares de las representaciones locales.
Serán 180 días para negociar algunos nombramientos, con salarios de menos de 35 mil pesos, y gastos de oficina mínimos. No obstante, el diagnóstico federal de las secretarías apunta a que en Zacatecas habrá pocas representaciones para repartir. La austeridad le va ganando la carrera a David Monreal Ávila.
#Coincidencias: En 2019 los gobiernos de los estados se liberarán de otro gasto honroso. No por ello lo verán reflejado en sus arcas. La próxima reforma electoral se enfila a la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales.
En la mira, la renovación del Instituto Nacional Electoral también asoma. El diputado federal suplente Sergio Carlos Gutiérrez Luna resguarda la curul y la iniciativa de ley que diseñó su compañero titular, el ahora subsecretario de Empleo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte Olivares.
La elección en Puebla sería el último punto de inflexión para que el presidente se decidiera por la abrogación de los organismos locales. Así lo hizo saber Ciltali Ibañez Camacho (alias Yeidckol Polevnsky) al pedir al INE que atraiga la próxima elección en aquel estado.
Si resulta triunfante Morena, da igual; la iniciativa procede. Si pierden nuevamente la gubernatura, la renovación del sistema electoral se agilizará y las descalificaciones le lloverán al organismo que todavía encabeza Lorenzo Córdova Vianello, justificando así los últimos días del Instituto Nacional.
El consejero presidente del Instituto Electoral en Zacatecas, José Virgilio Rivera Delgadillo, advertía el panorama. En los últimos meses buscó un lugar en la Cuarta Transformación, y quiso hacer valer un poder que no tiene.
A través de su primogénito, Publio Rivera Rivas, intentó incidir en la nueva composición del Tribunal de Justicia Electoral del estado desde el Senado, vendiendo un cabildeo que nunca estuvo en sus manos. Ricardo Monreal Ávila tenía otros planes, donde el de Villa de Cos no estaba incluido.
Será cuestión de meses para que la caja chica del ex rector de la UAZ, clausure de forma permanente.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
