En números conservadores, alrededor de 3 mil 500 migrantes provenientes del Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, Guatemala y El Salvador) ingresan a México, diariamente, desde la frontera sur del país.
Una cifra inédita, de acuerdo con los registros convencionales de la Secretaría de Gobernación hasta octubre del 2018. Esta oleada sin precedentes de caravanas migrantes, que buscan trasladarse de forma irregular (indocumentados) por distintos países de Latinoamérica para llegar hasta Estados Unidos, también presenta comportamientos peculiares.
Uno de ellos tiene que ver con la influencia de las redes sociales en las formas de organización de los grupos que atraviesan Centroamérica hasta Estados Unidos, llegando a nutrir caravanas de hasta 7 mil migrantes.
Las redes sociales han apalancado sistemas de comunicación eficientes entre núcleos de migrantes en tránsito e inmigrantes avecindados en Estados Unidos. En estos “grupos de chats” se comparte información en tiempo real y asesoría continua para los largos días de viaje, generando incentivos importantes para continuar los cruces desde Centroamérica al norte del continente.
Un segundo elemento particular y de mayores dimensiones es el de la influencia del crimen organizado en México y su infiltración en las rutas de migrantes, que desde hace años han enfrentado robos, extorsiones, secuestros, trata de personas y desaparición.
Este fenómeno es de particular interés para el estado de Zacatecas, ya que, en los procesos de sofisticación de las caravanas migrantes y su forma de organización, el cambio en los trayectos usuales que utilizaban los migrantes para recorrer suelo mexicano hacia el país del norte los llevaron a abandonar la “ruta del Golfo”.
El recrudecimiento de la violencia en estados como Veracruz y Tamaulipas obligaron a la población migrante a incrementar sus recorridos por la “ruta del Pacífico”. La diferencia entre ambas rutas es sustancial: mil 882 kilómetros de Chiapas a Tamaulipas por el Golfo, y 3 mil 866 kilómetros desde el mismo punto hasta Tijuana, por el Pacífico.
En tercer elemento: la política del Gobierno Federal en materia migratoria. Es innegable el endurecimiento tanto en el discurso como en la práctica, del trato hacia los migrantes. De la concesión de visas humanitarias a las detenciones y revisiones migratorias y, luego, a la detención y deportación de indocumentados en menos de dos meses.
Aunque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, lo han negado categóricamente, organizaciones civiles de defensa de los migrantes insisten en el tono complaciente del presidente Andrés Manuel López Obrador a la política de contención que Estados Unidos pretende que México ejerza.
A ello se suma el recorte presupuestal para la atención del tema migratorio. La desaparición del “Fondo Migrante” enfocado a los estados del norte (Baja California, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Coahuila) fue un duro golpe para el sostenimiento y ayuda a los distintos núcleos migrantes que buscan el paso a Estados Unidos.
De acuerdo con el secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, el golpe a las bolsas de recursos y la falta de coordinación afectó de manera sensible la atención a este nuevo incremento del flujo migratorio que, según su opinión, podría ser una tendencia marcada para los próximos meses.
Sin el Fondo Migrante, sin el Programa Paisano y sin el presupuesto que requerían las distintas oficinas de protección a migrantes en los distintos consulados de México y Estados Unidos, José Juan Estrada mira una situación crítica.
Más que una política de endurecimiento en el tema migratorio –dijo a Caballo de Troya–, fue la inexperiencia en la ejecución de políticas públicas del nuevo comisionado en el Instituto Nacional de Migración (INAMI), Tonatiuh Guillén López, la que produjo este escenario, pues no previó que la entrega indiscriminada de visas humanitarias fomentaría el flujo descontrolado de extranjeros en México.
Por otro lado, la falta de coordinación entre los gobiernos federales y estatales, debido a que no hay una política clara trazada desde la Ciudad de México, en su experiencia lo ha llevado a conocer de casos en los que incluso el INAMI ha estado ausente como autoridad responsable. Al menos en San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, la Federación ha dejado el paquete completo a los Estados.
No así en Zacatecas, donde la coordinación entre la oficina de representación del INAMI, encabezada por Ignacio Fraire Zúñiga, el gobierno municipal de Ulises Mejía Haro, y la Secretaría del Migrante Zacatecano, se ha dado de manera oportuna, explica José Juan Estrada.
Reconoce que tanto el alcalde capitalino como el delegado federal han mostrado proactividad, voluntad y coordinación para la atención de un grupo de migrantes desplazados de las grandes caravanas, que llegaron a Fresnillo en busca de rutas alternativas para el arribo a la zona fronteriza.
El estatus de este grupo nutrido de menores de edad, que se encontraba en condiciones poco salubres en un domicilio particular de dicho municipio, por ahora se mantiene en espera de un proceso de repatriación.
Estrada Hernández es enfático y preciso en el tratamiento que el municipio de Zacatecas y el INAMI le han dado a los indocumentados centroamericanos en el estado. Independientemente de la polémica suscitada entre los vecinos de Colinas del Padre -en buena medida por la falta de información oportuna- Ulises Mejía Haro tomó la decisión correcta de ayudar con todas las atenciones posibles, y dentro de los alcances del municipio, a un contingente mayoritario de menores de edad que viven el lado más difícil de la migración, a veces llena de incertidumbres.
Por las condiciones no idóneas en que se encuentra la Casa del Migrante, un proyecto de albergue en construcción, auspiciado por el Padre Daniel con apoyo de la UAZ, el Gobierno del Estado y del municipio, hubiera sido más difícil darle protección a un colectivo amplio. Por lo que las gestiones del ayuntamiento capitalino fueron de gran ayuda.
Tarea para los legisladores de la LXIII: la legislación vigente no permite que la Secretaría del Migrante Zacatecano proteja y ampare a migrantes de otros países que llegan a nuestra entidad. No obstante, eso no impide que la dependencia estatal ponga sus conocimientos y respaldo (como ya lo hace) para coadyuvar en un fenómeno que toca también a la sociedad en su conjunto, especialmente en un estado con vocación migrante como lo es Zacatecas.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
