Si algo ha logrado el senador José Narro Céspedes en la “mediación” de un conflicto que parece escapársele de las manos, es la cantidad de grupos de poder que se aglutinan en contra suya. La agenda en el bloqueo a la mina Peñasquito, del cual transcurre un mes y 6 días, no sigue ya el reloj del tamaulipeco.
En menos de dos semanas el ritmo del conflicto cambió de curso. El gobernador Alejandro Tello Cristerna confesó a los medios de comunicación que la solicitud para que el Gobierno Federal respaldara las mesas de diálogo entre la empresa minera, ejidatarios y transportistas de Mazapil, y Gobierno del Estado, surgió desde su último encuentro con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, el pasado 11 de abril.
¿Por qué el Gobierno Federal? Porque es competencia de la Federación la rectoría de las actividades extractivas en el país y la concesión del suelo mexicano, conforme lo dispone la Ley Minera. Dicha solicitud fue registrada en los escritorios de Palacio de Covián, donde el Gobierno del Estado únicamente recibió una promesa de atender la petición.
Las autoridades locales no tuvieron respuesta oficial sino a través de un comunicado que dio a conocer José Narro luego, el 17 de abril. En él, el de Morena hizo patente que convocarían a mesas de diálogo en cuanto concluyeran los días de asueto por las festividades de Semana Santa.
Sería hasta la semana de Pascuas que el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, inauguraría las rondas de diálogo entre los actores involucrados con la finalidad de buscar salida al conflicto que actualmente acumula 7 años (según el senador).
Hasta entonces, la lucha de José Narro y su asesor legislativo Felipe Pinedo Hernández -a su vez líderes del Frente de Lucha Popular de Zacatecas- parecía conducirse a su favor por los pasillos de la Cuarta Transformación. No obstante, el pasado martes 23 de marzo Narro se alejó de su último bastión de apoyo y resguardo.
Aquel día asistieron a la reunión los representantes del Gobierno Federal encabezados por el subsecretario Zoé Robledo, los empresarios de Newmont-GoldCorp, y los ejidatarios y transportistas de la empresa CAVA, de Ascensión Carrillo, asesorados por José Narro.
El primer punto de acuerdo para dar formalidad al diálogo entre las partes era la obligatoriedad de concluir el bloqueo a los accesos de la mina. Condición a la que ese mismo martes Narro Céspedes accedió, de acuerdo con quienes conocieron los detalles del acuerdo.
A pesar de la afirmativa del senador, esa decisión primero tenía que ser aprobada por los integrantes de la asamblea ejidal que mantienen el bloqueo, con lo que la legitimidad de los posibles acuerdos que pudieran arbitrarse por el Gobierno Federal no ofrecía certidumbre todavía.
Al siguiente día, miércoles 24 de abril, las mesas de diálogo todavía sin un pliego de negociación, únicamente diálogo, continuarían entre los sectores afectados, gracias a la convocatoria de la Secretaría de Gobernación de la que, por cierto, el gobierno local no recibió invitación.
Algo fue notorio esta vez: la ausencia del senador y “mediador” Narro Céspedes, quien aludió entonces que tenía que encargarse de sus actividades ordinarias como legislador. Las mesas entonces entraron en un impasse.
Cinco días después, el lunes 29 de abril, los diarios conocieron la respuesta de Felipe Pinedo a la propuesta del gobierno de su partido: en asamblea ejidal, los inconformes decidieron no desistir del plantón hasta que la empresa pasara del diálogo a la negociación.
El primer consenso que arbitró el Gobierno Federal concluyó con las mismas posturas encontradas, pero el FPLZ por fin desenmascaró sus verdaderas intenciones frente a la Cuarta Transformación. No existe posibilidad de concluir el bloqueo a Peñasquito si la transnacional no coloca una oferta atractiva para los ejidatarios, como así lo han exigido desde sus primeros plantones en 2010.
¿Qué cambió? La apertura del Gobierno Federal hacia nuevos actores en la disputa. De acuerdo con Tello Cristerna una nueva solicitud para la mediación del conflicto, donde ahora sí participaran ambas autoridades, fue deslizada a Olga Sánchez y al mismo Andrés Manuel López Obrador en la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores del pasado martes 30 de abril.
Esta vez la respuesta fue inmediata y de manera directa. El subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo vía telefónica prometió la presencia de operadores de la Federación en Zacatecas para que, junto con el Gobierno del Estado, realizaran un diagnóstico de las condiciones en que se encontraba el bloqueo de Peñasquito.
José Narro Céspedes perdió así el derecho de picaporte en los pasillos del Gobierno Federal, del que había gozado hasta hace unas semanas y desde donde nutría su versión del conflicto. Las condiciones del conflicto cambiaron: Narro perdió centralidad, permitió la coordinación entre niveles de gobierno, y algunos ejidatarios inconformes comienzan a dudar de su “liderazgo”.
Al escenario se suma la irrupción de habitantes de El Protrero y Atotonilco, en el municipio de Jiménez del Teúl, quienes advierten la infiltración del senador en contra de las decisiones de la asamblea ejidal para obstruir el proyecto de la presa Milpillas.
El asunto también deberá ser arbitrado por la Federación, en la delegación de la Procuraduría Agraria. ¿Hasta dónde acompañará la Cuarta Transformación al juego de intereses de José Narro?
#Coincidencias: Equivoca la ecuación del diputado Omar Carrera Pérez. No es el llamado al gobierno local al que debe de hacer énfasis en un punto de acuerdo. Las mesas de diálogo existen, y fue la Federación quien apartó de los consensos a las autoridades estatales.
De llevar el exhorto a la cancha de los intereses particulares, de grupo, o de bancada, en la LXIII Legislatura la partidización del conflicto Peñasquito-Narro ahondará en las diferencias y renunciará a los espacios de encuentro político.
El pronunciamiento debería ser uno plural, no de oportunismo y protagonismo individual. La Legislatura como institución, y no Omar Carrera como opositor de Alejandro Tello, cuando la responsabilidad también recae en el gobierno de la Cuarta Transformación.
Gobierno del Estado definió prioridades: no hay lugar para el uso de la fuerza pública en un conflicto donde los intermediarios son quienes deben de desaparecer de los consensos. Es ahí donde deberían de enfocar las posturas de estado, no en el lucimiento mediático.
Usar la fuerza pública es una mala decisión que sólo fortalecería el discurso de Narro Céspedes y Pinedo Hernández. Un error que pagarían caro todos. No así el poner en duda la legitimidad del FPLZ como representante real de los intereses de los ejidatarios.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
