Trump 2.0 y el combate al crimen organizado en Latinoamérica - Axis Mundi

Como bien saben los amables lectores, con la llegada al poder del nuevo gobierno de Trump, nuestro país y el resto de América Latina deberían prepararse para los cambios en la política estadounidense, sobre todo teniendo al crimen organizado como prioridad en la agenda. Los ataques militares contra criminales mexicanos y la posible retoma del canal de Panamá ya han aparecido en la retórica del presidente electo. Es por ello que compartimos el siempre pertinente análisis de la fundación InSight Crime,[i] gracias a la licencia de Creative Commons para la libertad de intercambio de información,[ii] el cual toma en cuenta la primera administración del Agente Naranja y las declaraciones de su equipo de colaboradores, respecto a cómo podrían configurarse las políticas de su segundo mandato.

Cómo podría afectar el equipo de Trump a la lucha contra el crimen en América Latina, por Mike LaSusa,[iii] 17 de enero de 2025[iv]

En Guatemala, quienes luchan contra la corrupción se enfrentaron a una crisis en mayo del 2018. La ayuda estadounidense a un organismo contra la corrupción con apoyo internacional conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) había sido congelada por Marco Rubio, el senador republicano recientemente seleccionado por el presidente electo de EUA, Donald Trump, como secretario de Estado.

La CICIG había tenido éxito y gozaba de popularidad, al tiempo que ayudó a investigar y procesar tramas de corrupción que llegaban tan alto como la oficina del presidente y la vicepresidenta.[v]

Pero el trabajo de la CICIG había generado una enorme reacción de las redes corruptas que estaba ayudando a desenmascarar. La decisión de Rubio de retener 6 millones de dólares en financiación estadounidense,[vi] alegando cuestionables acusaciones de influencia rusa sobre la comisión,[vii] asestó un duro golpe al ya vulnerable organismo.

Los fondos se liberaron varios meses después, pero a raíz del incidente, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y las redes de corrupción con vínculos militares intensificaron los ataques contra la CICIG.[viii] Respaldado por soldados y con tanques rodeando las oficinas de la CICIG, Morales anunció planes para expulsar a la comisión.

El apoyo de EUA había sido crucial para la CICIG desde su creación a mediados de la década del 2000. Pero Trump, que entonces cumplía su primer mandato como presidente, no hizo nada para proteger a dicho organismo de la arremetida. Su administración pareció dar prioridad a la cooperación de Morales para frenar la inmigración por encima del compromiso del presidente guatemalteco con una gobernanza transparente.

La CICIG se cerró por completo en 2019, lo que supuso un importante retroceso en términos de lucha contra el crimen organizado y la corrupción que sigue afectando a Guatemala en la actualidad.[ix]

La historia de la CICIG ofrece un ejemplo de cómo la administración entrante de Trump podría manejar asuntos similares relacionados con el crimen organizado y la corrupción en la región, cuando regrese a la Casa Blanca el próximo lunes 20 de enero.

Trump está formando un equipo de personas leales y de línea dura para los puestos más altos de las fuerzas del orden, la seguridad y las relaciones exteriores, que probablemente adoptarán un enfoque militarista y, sobre todo, transaccional para luchar contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Todos sabemos que Trump es famoso por premiar la lealtad entre sus colaboradores, lo que significa que su equipo probablemente centrará gran parte de su atención en dos de las principales preocupaciones del presidente electo: las drogas y la migración.

Estas cuestiones centran mucho la atención en México y en la frontera sur de Estados Unidos, así como en el posible uso del ejército, bajo el control directo de Trump como comandante en jefe, para combatir el crimen organizado.

Desde su anterior periodo, Trump se ha mostrado abierto a llevar a cabo acciones militares en México y algunos de sus principales subalternos han abogado por esa estrategia.[x]

Mike Waltz, un congresista republicano de Florida elegido como asesor de seguridad nacional de Trump, ha copatrocinado la legislación que autorizaría el uso de la fuerza militar estadounidense contra los «carteles» mexicanos. La elección de Trump para secretario de Defensa, el comentarista de noticias de televisión Pete Hegseth, también ha expresado su apoyo a los «ataques de precisión» contra los grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas.[xi]

El equipo de Trump asimismo está a favor de adoptar un enfoque militarizado para la aplicación de las leyes de migración. El «zar de la frontera» Tom Homan, quien dirigió los programas de control migratorio durante el primer mandato de Trump, utilizó la frase «conmoción y pavor» para describir los planes de la administración entrante con el fin de hacer frente a la migración irregular, una aparente alusión a la invasión militar estadounidense de Irak en 2003.

Por su parte, la elegida por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no solo apoya el uso del ejército para hacer cumplir las leyes migratorias, sino que ha utilizado repetidamente su autoridad como gobernadora de Dakota del Sur para enviar tropas de la Guardia Nacional 1,500 kilómetros al sur, con el objetivo de ayudar a vigilar la frontera con México.

La seguridad fronteriza y la migración son preocupaciones importantes para muchos estadounidenses. Pero el enfoque de línea dura del equipo de Trump podría beneficiar a los grupos criminales al crear nuevas oportunidades para los traficantes y elevar el precio de sus servicios.[xii]

Además, la militarización por sí sola no puede resolver el problema. Las organizaciones criminales modernas son complejas y adaptables, por lo que luchar contra ellas requiere esfuerzos multifacéticos y multinacionales.[xiii] Centrarse casi exclusivamente en la migración y las drogas podría restar atención a otros aspectos importantes del crimen organizado, como el lavado de dinero.

«Hay mucho más sobre la mesa en términos de los portafolios generales de algunas de estas organizaciones», dijo a InSight Crime Gladys McCormick, profesora de la Universidad de Syracuse especializada en las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México.

Pero, aunque el poder ejecutivo en EUA tiene mucho control sobre la aplicación de la ley, la seguridad y las relaciones exteriores, es poco probable que la puesta en práctica de la visión política de Trump resulte fácil.

El presidente electo puede tener dificultades para mantener un liderazgo consistente dentro de las agencias más importantes para su agenda. Su primera administración experimentó una gran rotación,[xiv] y esta dinámica se ha repetido incluso antes de que Trump asuma la presidencia por segunda vez.

Su primera opción para fiscal general, el ex–congresista Matt Gaetz, decidió no optar a la confirmación tras enfrentarse a acusaciones de que había mantenido una relación sexual con una menor, así como de que consumió drogas ilícitas y pagó ilegalmente por servicios sexuales. Trump nombró después a Pam Bondi, la ex–fiscal general de Florida que defendió a Trump contra la destitución durante su primer mandato.

Asimismo, inicialmente, eligió a un sheriff de Florida llamado Chad Chronister como su opción para dirigir la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), pero Chronister retiró su nombre días después del anuncio, señalando que no se sentía cualificado para dirigir la agencia. Trump aún no ha nombrado a un sustituto.

Además, el Gran Cheeto podría verse obstaculizado por un Congreso poco cooperativo, algo que ocurrió en ocasiones durante su primer mandato. En 2019, por ejemplo, el Agente Naranja no logró asegurar miles de millones de dólares en fondos para la construcción adicional del «muro fronterizo» ante la fuerte resistencia de los legisladores demócratas.[xv]

Podría señalarse que la nueva administración Trump contará con un Congreso controlado por su partido republicano, pero incluso los legisladores aliados pueden no estar siempre en la misma sintonía que el presidente.

«Hay políticos republicanos sobrios, experimentados y de influencia que estarán cerca [… y] tal vez moderen algunas de las propuestas más osadas», dijo Cris Hernández-Roy, miembro senior del programa de las Américas en el «think tank» Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales).

Sin embargo, incluso con el caos en la cúpula, hay algunos burócratas competentes e ideológicamente alineados que podrían ayudar a sacar adelante las políticas preferidas de Trump. «La burocracia estadounidense es capaz de llevar a cabo estas tareas», apuntó Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center y ex director para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. «El Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado están bien dotados de profesionales de carrera que tienen una gran experiencia y conocimientos».

Pero, a pesar de la retórica agresiva de Trump y su gabinete, es poco probable que su enfoque para abordar el crimen organizado en América Latina produzca cambios sustanciales o duraderos en la dinámica delincuencial de la región.

Gran parte de la actividad del crimen organizado ocurre en espacios donde Estados Unidos tiene una influencia limitada. Por ejemplo, EUA puede proporcionar financiación, formación e inteligencia a Ecuador para ayudarle a poner en orden su situación penitenciaria,[xvi] pero en realidad no puede intervenir directamente.

Además, el enfoque «América primero» de Trump podría impedir el tipo de cooperación y asistencia internacionales necesarias para abordar adecuadamente el complejo fenómeno del crimen organizado.

La elección de Rubio como secretario de Estado y de Christopher Landau, ex–embajador de EUA en México, como subsecretario de Estado, sugiere que la administración prestará especial atención a América Latina. Pero ese enfoque se centrará en gran medida en impedir que los migrantes y las drogas lleguen a la Unión Americana, en lugar de abordar las causas profundas que subyacen al crimen organizado.

«Aún no está claro que Estados Unidos vaya a dar prioridad a la gobernanza democrática y a la lucha contra la corrupción», expresó Gedan. «No tiene un compromiso firme con el tipo de desarrollo institucional a largo plazo que es necesario para conseguir que estos países sean capaces de hacer frente al crimen organizado por sí mismos».